Aprueban ley que facilita construcción de embalses agrícolas: diputados de Ñuble celebran avance clave

Tras casi dos años de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que busca facilitar la construcción de embalses agrícolas de menor escala, iniciativa impulsada por los diputados de Ñuble, Marta Bravo y Cristóbal Martínez. El texto legal ya fue despachado y está listo para ser promulgado por el Ejecutivo.
La norma amplía de 50 mil a 150 mil metros cúbicos la capacidad máxima de los tranques agrícolas que podrán construirse sin autorización previa de la Dirección General de Aguas (DGA), siempre que no estén ubicados dentro de un cauce natural y sus muros no superen los siete metros de altura.
El objetivo es permitir la ejecución expedita de este tipo de obras frente a la creciente necesidad de captar y almacenar agua.
La medida busca responder a la escasez hídrica que afecta a zonas como Ñuble, donde la falta de infraestructura ha impedido aprovechar los inviernos lluviosos para acumular agua destinada al riego y otros usos productivos.
Según Bravo y Martínez, actualmente los procesos para levantar este tipo de obras pueden demorar hasta 20 meses solo en trámites, afectando especialmente a pequeños agricultores.
La nueva legislación también obliga a los propietarios a informar a la DGA el inicio de las obras, detallando dimensiones y características, y a registrar la infraestructura dentro de los seis meses siguientes a su construcción, con el fin de integrarla a un catastro público.
Para los tranques emplazados en cauces naturales, se mantendrán los permisos obligatorios si la capacidad supera los 50 mil metros cúbicos o si la altura del muro es superior a cinco metros, de acuerdo con los criterios de seguridad establecidos.
El texto legal incluye mecanismos de control posterior, con la finalidad de evitar abusos y asegurar que las obras cumplan con los estándares técnicos mínimos.
También contempla sanciones para quienes omitan los reportes a la autoridad o infrinjan los requisitos establecidos.
El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, deberá adecuar sus sistemas de registro y fiscalización para asegurar el cumplimiento del nuevo marco normativo.
La implementación de la ley se acompañará de campañas informativas y asistencia técnica para los usuarios del mundo rural.
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