El administrador municipal de Chillán fue suspendido temporalmente por 10 días, según anunció el alcalde Camilo Benavente, quien además acusó a la Contraloría Regional de ejercer una persecución política.
Este hecho surge en medio de una investigación que data de hechos ocurridos en el año 2017, relacionados con una sociedad que el administrador tenía en ese entonces con otro funcionario.
El alcalde Benavente explicó que la suspensión del administrador es una práctica común en el contexto de las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría a nivel nacional. Según él, este tipo de acciones son normales para permitir que las investigaciones se lleven a cabo sin interferencias, especialmente cuando hay asuntos pendientes que datan de años anteriores, como es el caso de la relación contractual del 2017.
El caso en cuestión involucra una sociedad formada entre el administrador municipal y otro individuo, que, según el alcalde, nunca tuvo movimiento financiero ni concretó ningún proyecto.
Benavente resaltó que las acciones de la Contraloría parecen tener un tinte político, especialmente dado que la entidad ha impugnado decisiones de la municipalidad en más de una ocasión.
El alcalde defendió al administrador municipal, describiéndolo como una persona comprometida y transparente, cuya única falta fue tener una asociación contractual en 2017 que no tuvo implicaciones prácticas.
La suspensión, aunque breve, ha levantado preocupaciones sobre las motivaciones detrás de las investigaciones de la Contraloría y su impacto en la administración local.
Este incidente ha desatado un debate sobre la línea entre la supervisión necesaria y la posible persecución política, destacando la tensión que a veces existe entre los gobiernos locales y los organismos de control.