El Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, realizó un duro emplazamiento al Congreso Nacional, al Ejecutivo y al sector privado, advirtiendo que sin cambios estructurales profundos, los incendios forestales seguirán afectando con fuerza a la región todos los años, pese a los esfuerzos de prevención realizados por el Gobierno Regional.
La autoridad regional afirmó que, solo durante el último año, el Gobierno Regional de Ñuble invirtió cerca de $15.000 millones en prevención, destinando recursos a maquinaria, cortafuegos, vías de evacuación y refuerzo para Bomberos, sin embargo, reconoció que dichas medidas han sido insuficientes frente a una falla estructural del sistema.
“Los incendios siguen y van a seguir con mucha fuerza, no solamente este año, a pesar de las diversas acciones preventivas que implementamos”, sostuvo Crisóstomo, apuntando directamente a la falta de una Ley de Incendios, la ausencia de regulación efectiva sobre parcelaciones y la inexistencia de un Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) vigente.
El gobernador subrayó que el problema de fondo es la convivencia irregular entre plantaciones forestales y viviendas, lo que ha generado una interfaz altamente riesgosa, especialmente en sectores rurales de Ñuble. En ese contexto, recordó los devastadores incendios de 2023 y advirtió que, sin planificación territorial adecuada, las emergencias seguirán repitiéndose.
Crisóstomo emplazó directamente al Congreso Nacional, instando a avanzar con urgencia en dos proyectos clave: la Ley de Incendios, que permitiría establecer reglas claras de prevención y gestión del riesgo, y la Ley de Parcelaciones o de Protección del Territorio y la Vida Rural, necesaria para ordenar el crecimiento habitacional en zonas rurales. “No hay otra forma de abordarlo sino es con responsabilidad”, enfatizó.
Asimismo, criticó el prolongado estancamiento del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, cuyo reglamento se mantiene entrampado desde 2021 en la Contraloría. “El PROT tiene que salir ya. No podemos seguir esperando”, afirmó, solicitando al Ejecutivo y a Contraloría agilizar su aprobación, ya que sin este instrumento los gobiernos regionales no pueden definir usos de suelo vinculantes ni criterios de gestión del riesgo.
El gobernador también dirigió un llamado directo al sector privado, en particular a la SOFOFA, cuestionando que esta haya manifestado reparos al PROT sin dialogar previamente con los gobiernos regionales. “Nos hubiera gustado que explicaran cuáles eran los puntos que no les gustaban e intentar llegar a soluciones”, señaló, invitando al mundo empresarial a ser parte activa de la solución.
Crisóstomo cerró su intervención enfatizando que su postura no es contra el sector forestal, sino a favor de una planificación territorial responsable, que permita resguardar la vida de las personas, definir una interfaz clara entre actividades productivas y zonas habitadas, y terminar con una convivencia que hoy considera “atípica y peligrosa”.
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