La Universidad del Bío Bío (UBB) enfrenta una grave crisis institucional tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República que revela millonarias irregularidades financieras y contratos con empresas vinculadas a sus directivos.
El documento, aprobado el 29 de mayo y remitido al Ministerio Público, detalla que la UBB adeuda más de $6.800 millones al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) por anticipos no restituidos y que no transfirió otros $191 millones cobrados a exalumnos en 2023.
Uno de los puntos más delicados del informe es la constatación de que la UBB utilizó $3.000 millones de proyectos estatales destinados a fortalecer la educación superior para pagar remuneraciones de su personal, pese a que luego restituyó esos fondos.
La Contraloría advirtió que esta práctica vulnera el principio de legalidad del gasto público y contraviene dictámenes previos del mismo organismo.
El informe también identificó pagos por $33 millones que no fueron realizados a través de la plataforma Mercado Público, como exige la Ley de Compras Públicas.
Además, se descubrieron contrataciones con empresas en las que participan directivos de la universidad o sus familiares, así como la existencia de nueve contratos a honorarios con parientes directos de autoridades, en abierta contravención a la Ley de Bases de la Administración del Estado.
Por estos hechos, la Contraloría instruyó abrir sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público. La universidad tiene 90 días para regularizar la deuda con el FSCU y 15 días para enviar la documentación respectiva a la Contraloría. También se ordenó a la Superintendencia de Educación Superior realizar fiscalizaciones adicionales.
En respuesta, la UBB emitió un comunicado en el que reconoce la deuda y asegura que ha tomado medidas para reducirla. Además, anunció la apertura de sumarios internos para investigar los hechos denunciados y el envío de los antecedentes a la Fiscalía cuando corresponda.
La universidad argumentó que la deuda con el FSCU es un problema común a todo el sistema universitario público y que su monto se ha reducido en el último año.
La investigación, que surgió a partir de una denuncia del diputado Sergio Bobadilla y otras presentaciones anónimas, pone en el centro de la atención pública la gestión administrativa de la UBB y la necesidad de fortalecer la transparencia y la probidad en las instituciones de educación superior.
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