Temor en Ñuble por recorte de Marcel: gremios piden salvar inversión en viviendas e infraestructura
El pasado miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentaron ante el Congreso el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2025.
En el documento se confirmó un recorte de casi US$ 2.000 millones en el gasto público, medida que busca encaminar el déficit fiscal hacia la meta de equilibrio estructural, pero que ha generado inmediatas alertas en regiones como Ñuble, especialmente en sectores ligados a la construcción y la inversión pública.
El IFP mantiene la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un 2,5% para este año, pese al incierto contexto internacional marcado por la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos.
No obstante, la meta fiscal del -1,1% del PIB fue aplazada hasta 2026, y se proyecta que el equilibrio estructural recién se alcanzará en 2029.
Para lograrlo, el Gobierno aplicará un ajuste de US$ 1.990 millones este año, divididos en recortes ya acordados en el Presupuesto (US$ 565 millones), medidas administrativas (US$ 564 millones) y acciones legislativas para generar nuevos ingresos o reducir gastos (US$ 870 millones).
Desde Ñuble, el presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción, Sebastián Godoy, manifestó su inquietud ante estos anuncios.
“Como gremio estamos muy preocupados por el recorte del gasto público, sobre todo considerando que el sector de la construcción ha perdido 3.500 empleos en la región. Creemos que en este escenario el recorte debe hacerse con criterio, sin eliminar proyectos clave como viviendas o infraestructura pública”, señaló.
El dirigente también instó al Congreso a avanzar en iniciativas como la Ley de Permisología, que permitiría acelerar la ejecución de obras y dinamizar el empleo regional.
El diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum (RN), también expresó su visión crítica.
“Vamos a tener un crecimiento que apenas llegará al 2%, y el gobierno anuncia un ajuste de US$ 2.500 millones este año. Lo más grave sería que estos recortes afecten programas sociales o inversiones públicas. Hay más de 700 programas del Estado, y un 45% está mal evaluado, por lo que ahí debería enfocarse el ajuste”, indicó.
Asimismo, cuestionó la expansión del aparato público, indicando que se han contratado cerca de 100 mil nuevos funcionarios en los últimos años: “Esperamos que este gobierno haga un esfuerzo real por reducir los gastos innecesarios y priorizar con seriedad”.
El recorte coincide con una revisión a la baja en los ingresos efectivos del Gobierno Central, estimándose ahora en US$ 3.563 millones menos que lo proyectado previamente, debido principalmente a una baja en la recaudación tributaria de empresas y personas naturales.
Sin embargo, el mayor aporte de Codelco, que se elevó en un 21% por sobre lo previsto, permitió amortiguar parcialmente este efecto.
Pese al complejo panorama, el Gobierno proyecta una estabilización de la deuda pública en torno al 40% del PIB hacia 2029, lejos del umbral prudente del 45% fijado por la nueva regla fiscal dual.
El ministro Marcel defendió la estrategia, subrayando que las medidas se aplicarán de forma progresiva y con una evaluación constante del contexto externo.
No obstante, en Ñuble la inquietud persiste. “Nos preocupa que se desaceleren las inversiones cuando más se necesita dinamismo económico. El Estado debe liderar el impulso a la economía en momentos de incertidumbre”, concluyó Godoy, llamando a que el ajuste no signifique frenar proyectos que podrían marcar la diferencia para miles de familias en la región.
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