Gobierno pone fin a Estadio Seguro y en Chillán exigen plan serio contra barras bravas
El anuncio del Gobierno de poner fin al Plan Estadio Seguro, vigente desde 2011, provocó diversas reacciones en la región de Ñuble, especialmente considerando el buen comportamiento que, hasta ahora, ha mostrado la hinchada local en eventos deportivos.
Sin embargo, autoridades y expertos coinciden en que es necesario un cambio profundo en la forma en que se gestiona la seguridad en los estadios del país.
El seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, explicó que “Estadio Seguro llega a su fin en esta nueva estructura del Ministerio de Seguridad”, y que ahora “el ministerio debe hacerse cargo de una realidad que conocemos y que requiere una reflexión como sociedad, no solo desde la normativa”.
El representante regional aseguró que en Ñuble no se han registrado desórdenes significativos en partidos de fútbol, pero enfatizó que “esto requiere un trabajo mancomunado” con mandos policiales y fiscalización robusta. “No podemos permitir que hechos como los que hemos visto en otros estadios del país vuelvan a repetirse”, advirtió.
Desde el ámbito del análisis deportivo, el periodista y experto en deportes Rodrigo Oses fue categórico: “El fin de Estadio Seguro es el resultado de una estructura coja, mal diseñada, que tomó un cariz político y efectista”.
A juicio del comunicador, lo que se necesita es una estructura “especializada, moderna, con expertos en seguridad” que enfrente el control de los espectáculos masivos.
Además, llamó al mundo del fútbol, incluidos clubes como Ñublense, a asumir su responsabilidad: “Esto no va a tener ningún sentido si el fútbol no invierte sostenidamente en seguridad. Muchas veces los clubes son cómplices del mal comportamiento de unos pocos, y le dan atribuciones a las barras que no corresponden”.
Tanto desde el ámbito público como desde el análisis especializado, existe consenso en que el fin de Estadio Seguro abre una oportunidad para repensar la seguridad en el fútbol profesional chileno, con foco en la prevención, la profesionalización y la responsabilidad compartida entre Estado, clubes y sociedad civil.
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