Nuevo golpe para Boric: Amplían querella por fraude al fisco y otros cargos
Continúan las repercusiones en torno a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Gobierno.
En este contexto, la querella presentada contra el presidente Gabriel Boric por fraude al fisco fue ampliada por los denunciantes, quienes ahora acusan la posible existencia de otros delitos, como tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y contrato simulado.
Según el escrito presentado, el caso se sustenta en el contrato de compraventa celebrado entre el Estado —cuyo jefe es Boric— y su colaboradora de confianza, la exministra de Defensa Maya Fernández, además de otros integrantes de su familia, como la senadora socialista Isabel Allende.
El abogado querellante Raimundo Palamara señaló a La Radio que el objetivo es determinar las responsabilidades penales que correspondan, considerando el rol de las autoridades involucradas en la operación.
Boric declarará presencialmente ante la Fiscalía
Paralelamente, se confirmó que el presidente Gabriel Boric declarará de manera presencial en la causa judicial que busca esclarecer si hubo delito en la operación.
Esta diligencia es considerada clave por los querellantes para conocer el grado de vinculación del mandatario en la transacción fallida.
Sin embargo, algunos expertos advierten que, con los antecedentes actuales, sería difícil configurar un delito. El abogado penalista y académico de la Universidad Finis Terrae, Jorge Fiol, señaló que el caso podría derivar en responsabilidades administrativas, pero no necesariamente penales. En la misma línea, el abogado Esteban Celis calificó como un exceso plantear una sanción penal en este caso.
Investigación política y postura del Gobierno
Desde el ámbito político, la Comisión Especial Investigadora del Congreso analiza nuevas medidas para determinar responsabilidades políticas.
Entre ellas, destaca la posibilidad de solicitar al presidente Boric que responda un cuestionario formal sobre su rol en la compra.
El presidente de la comisión, el diputado Andrés Longton (RN), señaló que se evaluarán todos los antecedentes antes de avanzar en nuevas acciones.
Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, afirmó que el Gobierno colaborará con la investigación, aunque defendió la intención inicial de la compra, argumentando que buscaba preservar el patrimonio histórico, tal como ocurre en otros países.
A medida que avanzan las diligencias, el caso sigue generando controversia y manteniendo la atención pública, con interrogantes sobre las eventuales repercusiones para el Ejecutivo.
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