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Tres notarios y conservadores de Ñuble dejan sus cargos por nueva ley

Tres notarios y conservadores de la Región de Ñuble deben dejar sus cargos desde este viernes 2 de octubre, producto de la entrada en aplicación del límite de 75 años establecido por la reforma al sistema notarial y registral.

Se trata de César Fuentes, conservador y archivero de San Carlos, de 87 años; Lautaro Riesco, conservador y archivero de Yungay, de 80 años; y Raúl Leiva, notario, conservador y archivero de Quirihue, también de 80 años.

Los tres forman parte de los 35 auxiliares de la administración de justicia que a nivel nacional cesan en sus funciones a contar de esta jornada, uno de los cambios más visibles introducidos por la Ley 21.772.

La normativa establece que los auxiliares de la administración de justicia pueden permanecer en sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad. Para quienes habían sido nombrados antes del 30 de mayo de 1995, la reforma contempló un período especial de transición que concluyó ahora.

Esto significa que desde este viernes quedan vacantes importantes oficios en San Carlos, Yungay y Quirihue, aunque la medida no implica que las notarías o conservadores dejen de prestar atención al público.

La legislación contempla la designación de funcionarios interinos mientras se desarrollan los procesos destinados a escoger a los nuevos titulares. Los futuros nombramientos deberán realizarse mediante concursos públicos bajo el sistema establecido por la reforma, que incorporó la participación de la Alta Dirección Pública.

Los decretos que formalizan las salidas fueron suscritos por el Ministerio de Justicia y establecen el cese a contar del 2 de octubre.

La medida forma parte de una reforma más amplia que busca terminar con la permanencia indefinida en este tipo de cargos, modificar el sistema de nombramientos y aumentar la fiscalización, transparencia y digitalización de notarías, conservadores y archivos judiciales. La Ley 21.772 entró en vigencia el pasado 2 de abril.

A nivel nacional, los 35 funcionarios afectados tienen en promedio 81 años. Algunos titulares de otras regiones han recurrido a tribunales para intentar impedir su salida, aunque los tres funcionarios correspondientes a Ñuble no aparecen entre los cinco casos judicializados informados hasta ahora.

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