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Abogado chillanejo hace historia y llega a la Corte Penal Internacional

El abogado penalista nacido en Chillán Juan Carlos Manríquez fue elegido este sábado como uno de los integrantes del consejo ejecutivo de la barra de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos.

Manríquez fue escogido junto a otros cinco juristas para formar parte de la instancia encargada de gestionar las operaciones de la asociación y contribuir a la ejecución de sus lineamientos estratégicos.

Con su elección, se convierte en el primer abogado chileno en integrar dicho consejo ejecutivo.

“Para mí es una oportunidad para continuar sirviendo a mis colegas, al sistema internacional, para seguir desarrollando mi carrera y un orgullo y agradecimiento a todos los colegas de mi país y del extranjero que me han dado apoyo durante este tiempo y a las autoridades diplomáticas, consulares y políticas que han apoyado”, señaló tras conocerse el resultado.

De 59 años y oriundo de Chillán, Manríquez ha desarrollado una extensa carrera ligada a causas penales de alta exposición pública, pero también mantiene una historia profesional relacionada directamente con Ñuble.

Uno de esos casos fue la investigación por las Luminarias LED de Chillán, donde asumió la defensa del exadministrador municipal Ricardo Vallejos. Este último fue formalizado por cohecho en la arista relacionada con la licitación para el recambio del alumbrado público de la comuna.

Manríquez intervino en distintas etapas del proceso, incluyendo acciones para modificar la prisión preventiva de Vallejos. También respaldó que la investigación fuera trasladada desde Ñuble a Santiago, argumentando que allí se encontraba el principio de ejecución de los hechos investigados.

El penalista volvió a representar a Vallejos en otra investigación de fuerte repercusión en Chillán: el denominado Caso Camiones Aljibe.

La causa investigó contrataciones realizadas para abastecer de agua potable a sectores afectados por la escasez hídrica mientras Vallejos ejercía como administrador municipal y, en determinados periodos, como alcalde subrogante.

El proceso llegó a juicio oral en Chillán en 2024. Durante esa instancia, y bajo la representación de Manríquez, Vallejos reconoció su intervención en los hechos que sustentaban la acusación por negociación incompatible.

Otro caso que volvió a conectar al abogado con su ciudad natal fue el de Línea Azul. Manríquez asumió la defensa de Marcelo Hernández, propietario de la empresa de buses con base en Chillán, después del accidente ocurrido en 2019 en San Francisco de Mostazal que dejó seis personas fallecidas. Hernández fue detenido en Chillán y posteriormente trasladado a la Región de O’Higgins para enfrentar el proceso judicial.

Fuera de Ñuble, actualmente Manríquez representa, entre otros casos, a Maureen Salinas, viuda del exteniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile en 2024.

También ha integrado la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo y ha representado a la parlamentaria Karol Cariola, además de haber participado en la defensa del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue.

En años anteriores asumió causas de distintas figuras políticas, entre ellas el exsenador Nelson Ávila, la exdiputada Laura Soto y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

Manríquez nació en Chillán en 1967, estudió en el Seminario de Chillán y posteriormente cursó Derecho en la Universidad de Valparaíso. En 1991 cofundó el estudio jurídico Manríquez, Benavides y Compañía y años después realizó estudios de posgrado en litigación en Estados Unidos.

Su carrera también se ha extendido al ámbito internacional, incluyendo actuaciones relacionadas con la Corte Penal Internacional.

Su elección al consejo ejecutivo ocurre mientras se encuentra en La Haya, donde ha seguido los avances del denominado caso Venezuela I ante la CPI, investigación relacionada con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en ese país.

El abogado también anunció recientemente la presentación de antecedentes vinculados a presuntos delitos cometidos contra abogados nicaragüenses bajo el régimen de Daniel Ortega.

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