Reforma de seguridad de Kast desata alerta por riesgo de “dictadura constitucional”
Una dura controversia abrió la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast. Dos académicos advirtieron que las nuevas atribuciones propuestas para enfrentar al crimen organizado podrían ser utilizadas en el futuro por un mandatario con intenciones autoritarias.
Arturo Fontaine, académico de la Universidad de Chile, y Javier Couso, de la Universidad Diego Portales, plantearon sus reparos en una carta publicada por El Mercurio, donde calificaron la iniciativa como “manifiestamente iliberal” y pidieron directamente al Presidente retirar el proyecto del Congreso.
La preocupación de ambos no apunta específicamente a que Kast pretenda utilizar estas herramientas para concentrar poder. De hecho, señalan que actualmente no observan señales de un intento por capturar instituciones de control o silenciar a la prensa.
Su cuestionamiento está puesto en lo que podría ocurrir más adelante si esas facultades quedan incorporadas a la Constitución y son utilizadas por otro mandatario.
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de un nuevo estado de excepción que podría extenderse hasta por 240 días sin autorización previa del Congreso.
Durante su vigencia se podrían suspender o restringir derechos como la libertad personal, de locomoción, reunión y asociación, además de permitir la interceptación de comunicaciones privadas y la requisición de bienes.
Según plantearon Fontaine y Couso en El Mercurio, existiría además la posibilidad de terminar anticipadamente el estado de excepción y, después de algunas semanas, volver a decretarlo.
Ese mecanismo, advierten, podría permitir que un futuro presidente mantuviera durante largos periodos restricciones a derechos fundamentales sin requerir previamente la aprobación del Congreso.
“Se configuraría así la posibilidad de que mañana un presidente instaurara una ‘dictadura constitucional’”, señalaron los académicos.
También cuestionaron la creación de un registro de organizaciones criminales y terroristas con participación del Ejecutivo y el Senado, además del uso de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas de seguridad.
La respuesta del Gobierno llegó a través del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien rechazó las críticas y defendió el contenido de la iniciativa.
“En primer lugar, yo llamaría a la seriedad, y cuando la gente diga cosas como esa, que diga por qué”, respondió al ser consultado por las advertencias.
Arrau sostuvo que el nuevo estado de excepción está pensado para intervenir sectores específicos donde el narcotráfico y el crimen organizado hayan logrado un fuerte control territorial.
Respecto de los polémicos 240 días, abrió la puerta a modificaciones durante la tramitación: “Sobre el plazo, totalmente conversable”.
El ministro también defendió el mecanismo para identificar organizaciones criminales y terroristas. Explicó que se requerirían antecedentes del Ministerio Público, una propuesta del Ejecutivo y posteriormente el respaldo de dos tercios del Senado.
Arrau aseguró que existen mecanismos similares en países como Estados Unidos, Canadá y Australia y acusó que parte de las críticas se han concentrado en calificativos que, a juicio del Ejecutivo, no corresponden al contenido efectivo de la reforma.
La discusión ahora continuará en el Congreso, donde precisamente el alcance de las nuevas facultades presidenciales y los controles sobre su utilización aparecen como algunos de los principales puntos de disputa.
