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Gobierno modifica reforma de seguridad: dará más tiempo al Congreso y acorta polémico estado de excepción

La Moneda reorientó la reforma constitucional de seguridad tras semanas de cuestionamientos desde su propia coalición. El Ejecutivo anunció que reducirá la duración del controvertido estado de excepción, inicialmente propuesto para extenderse hasta 240 días sin autorización parlamentaria, y permitirá más tiempo de discusión en el Congreso.

La definición se tomó esta semana tras una serie de reuniones entre ministros y representantes clave de los partidos oficialistas en Valparaíso y Santiago. Según fuentes de gobierno, el cambio más visible será la eliminación (o importante reducción) del plazo máximo del estado de excepción, acercándolo nuevamente a los actuales 30 días que exige la Constitución, aunque los detalles finales se discutirán en las próximas sesiones.

El giro viene después de que el propio presidente José Antonio Kast reconociera que el Ejecutivo no cuenta aún con los votos necesarios —se requieren 29 en el Senado y 89 en la Cámara— para aprobar la reforma en sus términos originales. Junto con esto, se acordó retirar la “suma urgencia” legislativa, lo que permitirá extender el periodo de análisis, escuchar nuevas propuestas y mejorar el articulado.

El ministro Claudio Alvarado defendió la decisión afirmando que “el propósito de cambiar la urgencia es voluntad del gobierno para escuchar propuestas”, mientras que desde la oposición surgieron nuevas críticas. El senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli, calificó la iniciativa original como “iliberal y no necesaria”, expresando que el paquete de normas podría afectar el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos.

Entre los puntos más cuestionados se destaca el procedimiento para decretar el estado de excepción y el posible debilitamiento de controles democráticos. La senadora Paulina Vodanovic y el senador Matías Walker señalaron la necesidad de revisar el articulado antes de avanzar y se posicionan como votos decisivos en la negociación.

A nivel práctico, el proceso seguirá con nuevas indicaciones al proyecto, revisión de leyes orgánicas constitucionales asociadas y encuentros agendados para esta semana entre el Ejecutivo y los bloques políticos. El futuro del proyecto se jugará en la negociación directa y el ajuste de puntos sensibles para obtener el respaldo parlamentario suficiente.

No se ha publicado aún el texto definitivo de las modificaciones, y los detalles finales quedarán pendientes para el debate en la comisión correspondiente. El gobierno dejó claro que está abierto a ajustes y que “la reforma presentada sufrió cambios y probablemente el proyecto que salga no será igual al ingresado”, como señaló el diputado Guillermo Ramírez.

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