Bassaletti apoya nuevo estado de excepción contra crimen organizado: General de Carabineros debería liderar
El diputado Enrique Bassaletti respaldó la creación de un nuevo estado de excepción constitucional enfocado en la lucha contra el crimen organizado, propuesta que se discute en el Congreso ante el aumento de bandas criminales y la preocupación creciente por la seguridad en Chile. A través de una entrevista con La Tercera publicada este 25 de agosto, el parlamentario profundizó en su mirada respecto a quién debería asumir el mando en un posible régimen de excepción y la delicada cuestión de las facultades especiales para combatir delitos complejos.
Bassaletti defendió que el liderazgo de dicho estado de excepción recaiga en un oficial de Carabineros -preferentemente un general-, aunque también se abre a la posibilidad de que sea asumido por las Fuerzas Armadas. Esta postura contrasta con voces como la del senador Cristián Vial, general en retiro, quien insiste en que el accionar en orden público debe quedar fuera del ámbito de las fuerzas militares.
Actualmente, Chile cuenta con cuatro estados de excepción vigentes que regulan respuestas a amenazas externas, pero ninguna norma específica para intervenir territorialmente frente al avance de organizaciones criminales, problemática que ha transformado barrios y espacios públicos en zonas bajo riesgo real.
Uno de los aspectos más discutidos de la reforma es la posibilidad de que las autoridades puedan interceptar comunicaciones bajo control judicial, herramienta cuestionada en cuanto a su posible afectación de libertades civiles pero que Bassaletti considera “necesaria” para perseguir redes delictuales de alto poder.
El debate en el Congreso está marcado por la urgencia de dar nuevas herramientas ante el aumento de delitos violentos asociados al crimen organizado, pero también por el riesgo de abrir la puerta a prácticas que puedan recordar episodios autoritarios del pasado. Tanto defensores como detractores coinciden en que cualquier medida debe ser acotada en el tiempo y con controles claros para evitar abusos y garantizar la fiscalización efectiva.
En medio de la controversia, el presidente Kast reiteró que no existen indultos en trámite para militares por hechos ocurridos durante el estallido social, respuesta a versiones que circulan en paralelo al debate sobre el rol de las instituciones armadas en seguridad interna.
La reforma, cuyos detalles precisos aún se negocian, incluiría la facultad excepcional de interceptación de comunicaciones para casos de bandas criminales y la discusión sobre quién debe asumir el mando operativo. Se espera que el Congreso logre un consenso en las próximas semanas, mientras representantes políticos y agrupaciones ciudadanas mantienen la vigilancia ante los alcances y límites que podría fijar esta nueva figura constitucional.
