Reforma de seguridad de Kast enfrenta críticas y divisiones en oficialismo

Las últimas jornadas en el Congreso han estado marcadas por el debate sobre la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. La iniciativa, que ingresó recientemente al Senado, busca establecer la seguridad pública como un mandato constitucional y permitir al Ejecutivo decretar estados de excepción de seguridad durante 240 días, además de crear un registro oficial de organizaciones criminales y terroristas.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas transversales por eventuales restricciones a derechos sociales, poder reforzado del Gobierno y su enfoque en tratar la seguridad con medidas de excepción. Dentro del propio oficialismo surgieron diferencias sobre la urgencia y alcance del proyecto. Varias voces han advertido que el texto podría interpretarse como autoritario, mientras que la oposición ha subrayado el riesgo de afectar garantías en salud y educación para personas condenadas por terrorismo o crimen organizado.

El escenario parlamentario deja pocas certezas. Según fuentes legislativas, el oficialismo no cuenta hoy con los votos necesarios para aprobar la idea de legislar la reforma. Además, la discusión interna obligó al Ejecutivo a abrir la puerta a extender los plazos de tramitación. Según declaró el senador José García Ruminot, se evalúa reducir la urgencia de la reforma —de “suma” a “simple”— para permitir mayor trabajo prelegislativo y buscar consensos más amplios. Claudio Alvarado, en tanto, defendió que el presidente debe regirse por ley orgánica constitucional en el uso de estas nuevas facultades y negó que la propuesta tenga tintes autoritarios.

Luciano Cruz-Coke, uno de los parlamentarios ligados a partidos de gobierno, planteó públicamente que algunas de las medidas de la agenda de seguridad pueden implementarse sin necesidad de una reforma constitucional, marcando otra diferencia dentro del bloque. Por otra parte, May Chomali advirtió que la inhabilitación de condenados en prestaciones de salud, incluida en el texto, se enfrenta a la normativa vigente y podría ser rechazada.

La agenda legislativa sigue en revisión, con nuevas reuniones agendadas entre ministros y dirigentes políticos para definir ajustes y buscar fórmulas de acuerdo. Los encuentros han incluido a representantes de partidos oficialistas y de oposición, además de supervisiones de operativos policiales en terreno. A la fecha, el Ejecutivo optó por mantener conversaciones abiertas y todavía no existen definiciones sobre indicaciones o cambios específicos en el texto.

En el ambiente pesa la tensión entre avanzar rápido y evitar una reforma percibida como dañina para garantías fundamentales. La próxima semana se prevé crucial para decidir si la reforma se modera y logra apoyos mínimos, o si parte de su contenido deberá ser descartado. El debate promete seguir generando fricción política y atención pública.