CPC plantea reforma al empleo público con separación de cargos políticos y de carrera
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) entregó una batería de propuestas para modernizar el empleo público en Chile, planteando una división entre funcionarios de carrera y empleados de confianza política, además de cambios en los mecanismos de ingreso, estabilidad y movilidad dentro del sector estatal.
La sugerencia de la CPC, liderada por Susana Jiménez, surge en el marco del inicio de la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, instancia creada por el Gobierno con un plazo de 120 días para diseñar propuestas concretas para la reforma del Estatuto Administrativo.
Entre los puntos destacados de la propuesta empresarial, está el establecer concursos abiertos y competitivos para acceder a cargos de carrera, e implementar un período inicial a plazo fijo para los nuevos funcionarios, quienes podrían acceder a estabilidad solo después de cinco años de desempeño evaluado positivamente. Además, se propone que quienes estén dos años consecutivos dentro del 5% de bajo cumplimiento sean desvinculados automáticamente.
Los cargos de confianza política, en tanto, serían de acceso directo, quedarían sujetos a la duración del nombramiento por la autoridad y no permitirían indemnización al cesar, con límites fijados por la Ley de Presupuestos. El paquete también plantea poner fin al uso irregular de honorarios en el sector público, estudiar dotaciones óptimas y transparentar información de recursos humanos del Estado.
Dentro de la discusión pública se reconoce el desafío que enfrenta el empleo público chileno. Actualmente, el 55% del personal del gobierno central está a contrata; sólo el 23% pertenece a planta, una figura de estabilidad que, según la propuesta, debería ir extinguiéndose gradualmente al quedar vacante cada cargo. La CPC también impulsa fortalecer el Servicio Civil para profesionalizar la gestión de personas en el Estado y promover la movilidad horizontal entre organismos.
Susana Jiménez, presidenta de la CPC, planteó que “el bienestar de la ciudadanía requiere un Estado eficiente y confiable, y eso está estrechamente vinculado con el empleo público”, haciendo hincapié en que los criterios de ingreso, evaluación y promoción deben basarse en el mérito y la competencia.
Queda pendiente definir cómo reaccionarán los sindicatos de empleados públicos, los plazos de implementación y la postura final del Ejecutivo, aunque ya existe consenso sobre la necesidad de reformar procedimientos disciplinarios, clarificar los límites de la negociación colectiva y terminar con la incertidumbre en materia de estabilidad laboral.
Para quienes trabajen en el Estado, la propuesta significaría enfrentar mayores exigencias de evaluación y la posibilidad de perder estabilidad por bajo desempeño, mientras que los nuevos trabajadores deberían superar períodos a plazo fijo antes de acceder a cargos indefinidos. La discusión continuará en los próximos meses, con impacto directo para futuros concursos y actuales trabajadores del sector público.
