Nuevo estado de excepción: Gobierno plantea restringir movimiento y comunicaciones en emergencias
El Ejecutivo presentó en Concepción su propuesta para crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional enfocado en la seguridad pública, con el que busca enfrentar el crimen organizado y bandas terroristas. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que este instrumento permitiría, de ser aprobado, restringir temporalmente la movilidad en sectores determinados y la intervención de comunicaciones bajo control estricto.
La iniciativa contempla que se pueda decretar sin autorización del Congreso por hasta 240 días, con revisiones periódicas cada 30 días. Este punto provocó cuestionamientos dentro del propio oficialismo, por la fuerte extensión del plazo y el alcance de las facultades entregadas al Poder Ejecutivo. Figuras como Arturo Squella y Andrés Longton propusieron que la duración y aplicación del estado de excepción deba contar con acuerdo del Congreso y control más estricto desde el inicio, junto con limitar o eliminar la afectación a las telecomunicaciones.
En paralelo, la propuesta considera crear un registro único de organizaciones criminales y terroristas, con el fin de agilizar investigaciones y persecución penal, integrando a Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Senda y el Servicio de Impuestos Internos, para un abordaje interinstitucional de grandes delitos y lavado de dinero.
Durante la última semana, el diseño de esta herramienta fue debatido internamente en el oficialismo. Legisladores recalcaron la necesidad de limitar la intervención de las telecomunicaciones y revisar los requisitos constitucionales periódicamente. La controversia también pasa por el control político: parte del bloque oficialista plantea que el Congreso autorice o reevalúe la vigencia del estado de excepción periódicamente, para evitar excesos y asegurar el respeto a las garantías ciudadanas.
Mientras la discusión legislativa sigue abierta y el detalle de las eventuales modificaciones aún no se concreta, el ministro Arrau encabezó en pleno centro de Concepción un despliegue policial para ejemplificar el tipo de operaciones que respaldaría este nuevo marco legal, planteando que la restricción de movimiento y la intervención de comunicaciones son esenciales para combatir mafias y delitos complejos.
El futuro del proyecto queda ligado a las modificaciones que surjan en la tramitación, en especial sobre cuánto tiempo y con qué controles se permitirá suspender derechos y realizar seguimientos de comunicaciones. El Congreso discutirá estas alternativas en las próximas semanas.
