Alessandri pide acelerar leyes contra el crimen y pausar reforma de estado de excepción
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, propuso este martes avanzar con máxima urgencia en las 30 iniciativas legales de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), e instó a tratar con mayor lentitud la reforma constitucional promovida por el gobierno para extender el estado de excepción y permitir la interceptación de comunicaciones privadas sin control judicial.
La postura surge en medio de una discusión sensible sobre seguridad y libertades civiles. Alessandri reconoció que existe consenso político sobre proyectos enfocados directamente en combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y sostuvo que “alcaldes de izquierda, centro y derecha han pedido más presencia militar en las calles”. El diputado marcó distancia sobre las reformas propuestas a la Constitución, alertando sobre el riesgo de abrir la puerta a medidas “demasiado amplias” que puedan ser usadas en el futuro por gobiernos de distintas tendencias sin suficiente control.
El gobierno busca que el estado de excepción —hoy renovable cada 30 días— pase a tener una duración de 120 días, prolongables por otros 120, lo que implicaría hasta 240 días continuos de despliegue militar con permisos menos frecuentes del Congreso. La fórmula lleva semanas generando divisiones incluso dentro de la coalición gobernante y en parte de la oposición. Un punto crítico es la propuesta para permitir la interceptación de comunicaciones privadas sin control judicial durante el estado de excepción, cuestionada tanto por diputados oficialistas como de la UDI.
Alessandri planteó que el Congreso disponga sesiones incluso en días jueves a sábado para tramitar con mayor rapidez las leyes de la agenda ACOT, priorizando las iniciativas donde hay mayor acuerdo político transversal. Sobre la reforma constitucional, el parlamentario propuso tratarla de forma separada y pausada, a la espera de un debate más profundo y claridad respecto al control que tendrán los futuros Presidentes sobre estas facultades.
A la fecha, el estado de excepción que rige en la Macrozona Sur —instaurado antes de la administración actual— exige aprobación legislativa cada 30 días. El Ejecutivo argumenta que la extensión de plazos y nuevas facultades permitirán enfrentar mejor los desafíos del crimen organizado y delitos violentos de alto impacto. Sin embargo, voces parlamentarias insisten en fijar límites claros y resguardar garantías básicas.
La Cámara de Diputados se prepara para un calendario de sesiones especial, mientras la controversia sobre alcance y límites de la reforma constitucional mantiene divididos a los bloques. No se descarta que el debate siga escalando en los próximos días si no logran construir un consenso amplio sobre hasta dónde debe llegar el endurecimiento de las facultades estatales.
