Senadores pactan corregir reforma de seguridad tras polémica por estados de excepción prolongados
El debate por la reforma constitucional en seguridad, impulsada bajo el gobierno de José Antonio Kast, vivió un nuevo giro con el acuerdo alcanzado entre los senadores Arturo Squella (Partido Republicano) y Andrés Longton (Renovación Nacional), quienes anunciaron la presentación de una serie de indicaciones para frenar los aspectos más cuestionados del proyecto, especialmente aquellos que permitían al Presidente decretar estados de excepción de hasta ocho meses sin revisiones periódicas y con facultades hasta ahora inéditas en la democracia chilena.
Según la información confirmada, la conversación entre ambas bancadas se centró en la necesidad de introducir mecanismos de control parlamentario, en línea con los cuestionamientos expuestos por la oposición y organizaciones civiles, que alertaron sobre riesgos a las garantías fundamentales y la posibilidad de abusos. Entre los puntos acordados figura que cualquier nuevo estado de excepción de seguridad pública deberá requerir autorización conjunta entre el Presidente y el Congreso Nacional desde el inicio, además de estar sujeto a revisión cada 30 días.
Otro eje clave será la eliminación de todo intento de intervención sobre las comunicaciones privadas de la ciudadanía, tras las críticas por el alcance de las atribuciones planteadas en la versión original de la reforma. El propio Diego Ibáñez, parlamentario de izquierda, advirtió que “ninguna Constitución democrática sostiene este tipo de estado de excepción donde el Presidente, discrecionalmente, va a identificar barrios para revisar correos electrónicos, correo físico o celulares para interceptar llamadas”. La inquietud era compartida incluso dentro del bloque oficialista, que reconoce la urgencia de fortalecer la lucha contra el crimen organizado pero con límites legales claros.
La reforma constitucional tuvo una tramitación agitada este invierno, con intensos cuestionamientos también desde sectores aliados. Rojo Edwards (Partido Republicano) llamó públicamente a ordenar la estrategia comunicacional y “avanzar para que la oposición tenga que definirse”, dejando claro el conflicto político detrás de la iniciativa: el oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobar el proyecto por sí solo y debe negociar cada paso.
El debate se reanudará en comisiones desde el lunes 31 de agosto, día en que se espera la presentación formal de las indicaciones pactadas, abriendo una nueva ronda de discusiones para sumar los 29 votos requeridos en el Senado. Desde ya, los promotores del acuerdo defienden que sus correcciones aportan resguardo democrático sin debilitar la acción estatal ante delitos complejos, mientras la oposición permanece atenta al texto definitivo y sus alcances reales antes de cerrar postura.
