Admiten querella contra Luis Hermosilla por presuntas gestiones en fallo Luchsinger-Mackay
Este lunes se conoció que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación una querella contra el abogado Luis Hermosilla, luego de que fuera acusado de realizar gestiones para influir en la Corte Suprema durante la revisión del recurso de nulidad por el caso Luchsinger-Mackay en 2018.
La acción fue presentada por la abogada Karina Riquelme, en representación de José Tralcal Coche, uno de los condenados en la causa. En la querella se expone que Hermosilla, entonces asesor del Gobierno por encargo del entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, habría sostenido contactos con al menos un ministro de la Corte Suprema.
Uno de los hechos consignados es una llamada telefónica entre Hermosilla y el ministro Manuel Valderrama, descrita por Hermosilla como “de emergencia para transmitir el mensaje”, con la intención de evitar un eventual cuarto juicio sobre los hechos que terminaron en la condena de Tralcal y otros imputados. Hermosilla habría señalado a sus cercanos que la sala que revisaría el recurso ya estaba definida tras esa conversación.
El propio abogado ha reconocido el contacto y expresó que “necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger” y “un cuarto juicio sería fatal”. De acuerdo a registros incluidos en la acción judicial, un colaborador habría afirmado además que Valderrama “estaba agradecido del llamado” y entregó antecedentes sobre la integración de la sala.
La Corte Suprema resolvió en octubre de 2018 rechazar la nulidad, mantener las condenas y reducir las penas al descartar el carácter terrorista del delito. Los hechos se mantienen en análisis en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de las defensas.
El Ministerio Público debe ahora investigar si existieron hechos constitutivos de delito vinculados a tráfico de influencias, cohecho u obstrucción a la justicia. No hay antecedentes formales sobre otras personas eventualmente implicadas ni sobre avances de la causa penal.
La presentación de la querella reabre el debate sobre las gestiones privadas con ministros del máximo tribunal, en un caso que durante años ha tensionado el debate político y judicial en el sur de Chile.
