Marisol Peña alerta por extensión del estado de excepción propuesto por Kast

Polémica generó el proyecto presentado por el gobierno de José Antonio Kast que plantea ampliar hasta 240 días, sin control del Congreso, la duración del estado de excepción constitucional en situaciones de seguridad. Marisol Peña, expresidenta del Tribunal Constitucional, advirtió que esta medida podría significar una suspensión extensa de derechos fundamentales y llamó a revisar los límites de la propuesta.

Actualmente, la Macrozona Sur se encuentra bajo estado de excepción desde 2022, con renovaciones mensuales sujetas a trámite administrativo. Sin embargo, la reforma ingresada al Congreso permite decretar estados de excepción de 120 días, prorrogables por otros 120 días sin necesidad de aprobación parlamentaria. Sólo si se quiere prolongar la medida más allá de los 240 días sería obligatorio un nuevo visto bueno del Congreso.

“Se trata de un mecanismo preocupante porque implica la suspensión de derechos constitucionales por un período mucho mayor al que existe hoy, y con menos contrapesos políticos”, dijo Peña a CNN Chile, sumándose a voces críticas que cuestionan una posible concentración de poder en el Ejecutivo. Su opinión contrasta con la del ministro de Defensa, Fernando Barros, quien sostiene que la iniciativa es aún modificable y que su discusión en el Congreso podría acotar los plazos.

La propuesta busca dar mayor flexibilidad y herramientas legales al Ejecutivo para enfrentar emergencias de seguridad, bajo la justificación de agilizar respuestas a crisis en regiones como la Araucanía y el Biobío. No obstante, varias organizaciones y actores del mundo jurídico advierten que una extensión tan extensa sin revisión periódica por parte del Congreso podría debilitar controles democráticos y afectar derechos ciudadanos como la libertad de reunión y desplazamiento.

En lo inmediato, la tramitación sigue abierta y las próximas semanas serán clave: parlamentarios han adelantado que presentarán indicaciones para limitar la duración y asegurar mecanismos de control. La fecha exacta de ingreso del proyecto no ha sido oficializada, aunque el Ejecutivo reconoce que está dispuesto a dialogar sobre ajustes en el texto. Hasta ahora, todo apunta a que la discusión por el equilibrio entre seguridad y derechos tendrá un rol central en la agenda legislativa del invierno.