Cruz-Coke alerta por reforma de seguridad: reclama falta de diálogo y excesos de poder
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) encendió la alerta en torno a la reforma constitucional que impulsa el Gobierno sobre Seguridad. Según Cruz-Coke, el proyecto que introduce un nuevo estado de excepción otorgaría al Presidente atribuciones consideradas riesgosas para el equilibrio democrático y, acusa, fue presentado sin consultas previas ni diálogo real con los propios parlamentarios oficialistas.
Las advertencias no sólo vinieron de Cruz-Coke. Diversos expertos en derecho constitucional también han manifestado reparos respecto al diseño y alcance de la iniciativa, señalando posibles impactos en el Estado de Derecho y la división de poderes.
“La reforma otorga demasiadas facultades al Presidente. Un Estado de Derecho exige siempre contrapesos y diálogo democrático para cualquier alteración relevante de las garantías constitucionales”, cuestionó el senador en entrevista a medios nacionales, donde insistió que la propuesta fue elaborada a puertas cerradas.
Uno de los nudos del debate está en el nuevo tipo de estado de excepción. Si bien aún no se conocen muchos detalles públicos, el foco estaría puesto en dotar al Ejecutivo de herramientas más flexibles y directas en materias de seguridad, lo que para parte del oficialismo y de la oposición podría abrir una peligrosa puerta a decisiones sin suficiente fiscalización del Congreso.
“El Congreso debe tener un rol clave en cualquier suspensión o alteración de derechos constitucionales, esa es la base del control republicano. Existen caminos para abordar la agenda de seguridad usando la legislación vigente y haciendo ajustes menores”, precisó Cruz-Coke.
Senadores como José García Ruminot y Claudio Alvarado también han sumado críticas, sugiriendo que la urgencia del tema no puede justificar saltarse los procesos habituales de construcción de acuerdos.
El Gobierno, en tanto, todavía no ha respondido a fondo estas objeciones, mientras el ambiente al interior del Congreso se mantiene tenso y cruzado por dudas sobre el balance de poderes y los riesgos para la institucionalidad.
Expertos consultados por distintos medios han coincidido en que la propuesta, de avanzar sin modificaciones y sin mayor diálogo, podría terminar judicializándose o abriendo flancos de inestabilidad política.
El proyecto en cuestión sigue siendo revisado y, hasta ahora, carece de un consenso claro incluso dentro del oficialismo, en medio de un contexto nacional marcado por la demanda ciudadana de mayor seguridad y también de garantías en el funcionamiento democrático.
