Tribunal resolverá prisión preventiva para Michael Clark y hermanos Larraín por Caso Sartor
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decidirá este martes 18 de agosto de 2026, a las 9 de la mañana, si decreta prisión preventiva para los empresarios Michael Clark y los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, principales imputados en el llamado Caso Sartor, uno de los mayores escándalos financieros recientes ligados al manejo de fondos de inversión públicos a través de entidades privadas.
La audiencia se da catorce días después de la formalización de 11 ejecutivos por delitos que incluyen administración desleal, fraude, estafa, lavado de activos, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, omisión de OPA y uso de contratos simulados. Según la Fiscalía, los involucrados habrían generado un perjuicio estimado en US$191 millones, presuntamente extrayendo recursos que debían destinarse a inversionistas institucionales y fondos públicos, beneficiando en cambio a directores y relacionados de Sartor AGF y empresas como Emprender Capital y Azul Azul S.A.
Las indagatorias apuntan a operaciones financieras trianguladas, compra de acciones —como el 63,07% de Azul Azul en 2021— y uso indebido de fondos, entre los que destaca la inversión de más de US$33 millones del Fondo Táctico Internacional para un proyecto inmobiliario en Miami, según los antecedentes judiciales. A diciembre de 2024, Sartor AGF reportaba más de $50 mil millones adeudados a sus propios fondos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Clark, los Larraín Mery y otros participantes, mientras que, a la fecha, cinco imputados permanecen con medidas cautelares como arresto domiciliario total (Alfredo Harz, Óscar Ebel, Hugo Baranda) o parcial (Mauro Valdés, Miguel León Muñoz), y el tribunal aún debe decidir si amplía la medida para el exgerente Juan Carlos Jorquera. Las defensas han insistido en que varios ejecutivos no tendrían responsabilidad penal directa ni participación en las operaciones cuestionadas, añadiendo que algunos actos imputados ocurrieron cuando ciertos acusados ya no estaban en sus cargos.
El caso ha sacudido el sistema de inversiones chileno, tanto por la magnitud del daño estimado como por la relevancia de los nombres involucrados y el eventual impacto sobre empresas emblemáticas como Azul Azul, la concesionaria de Universidad de Chile.
Queda pendiente la comunicación de la resolución judicial, la que será informada oficialmente tras la audiencia del martes. El tribunal deberá definir si existen antecedentes suficientes para decretar la prisión preventiva de los principales imputados o si impondrá otras medidas cautelares distintas a la privación de libertad.
