Reforma constitucional de seguridad abre fuerte debate en el Congreso
El proyecto de reforma constitucional sobre seguridad, presentado la semana pasada por el Ejecutivo ante el Congreso, puso sobre la mesa una discusión intensa sobre el equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y los derechos de las personas condenadas por delitos graves.
El texto —defendido públicamente por Claudio Alvarado, biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno— contempla la creación de un estado de excepción constitucional especial para casos de amenazas graves a la seguridad pública y propone ocho modificaciones a la Constitución. Entre los puntos más discutidos está la posibilidad de restringir beneficios sociales a personas condenadas por delitos graves, aunque desde el Gobierno recalcaron que no se busca en ningún caso privar de atención médica a los internos.
En concreto, la iniciativa permitiría decretar estados de excepción de seguridad por hasta 120 días —prorrogables por igual período— y faculta a las autoridades a limitar la libertad personal, el derecho a reunión y la asociación, así como realizar requisiciones e interceptaciones en el marco de una emergencia.
En paralelo, se establece que los condenados por ciertos delitos graves podrían quedar excluidos de beneficios sociales, decisión que quedaría regulada por una ley de quórum calificado. El proyecto, sin embargo, enfrenta reparos de parte de sectores de oposición y oficialismo, como lo expresó el senador Matías Walker, quien calificó la propuesta como “un retroceso constitucional” por el riesgo de afectar derechos fundamentales.
La preocupación se arrastra desde filtraciones previas, cuando primeros borradores apuntaban incluso a la inhabilitación para acceder a servicios básicos del Estado, como salud o educación, lo que desató críticas y llevó a la autoridad a aclarar públicamente que ningún condenado perdería el derecho a atención médica.
Actualmente, la reforma está en etapa de debate legislativo en el Senado. Desde el oficialismo insisten en la necesidad de regular nuevas herramientas para enfrentar al crimen organizado, mientras la discusión sobre el alcance de las restricciones a prestaciones sociales sigue abierta y pendiente de ajustes en la redacción final.
Para la ciudadanía, los puntos en juego no solo afectan la agenda de seguridad, sino también el acceso a derechos básicos para personas privadas de libertad, cuestión que será crucial en la tramitación aún en curso.
