Ocho delitos fueron imputados este martes por la Fiscalía al alcalde de Coihueco, Wilson Palma Jelves, en una investigación que tiene como víctima a una funcionaria municipal y que aborda hechos que, según el Ministerio Público, ocurrieron aprovechando su posición como jefe comunal.
La formalización se desarrolló durante la mañana en el Juzgado de Garantía de Chillán, donde el fiscal (s) Richard Urra Blanco comunicó al alcalde que es investigado por dos delitos de abuso sexual por sorpresa, cuatro delitos de solicitud de persona y dos delitos de ofensas al pudor.
De acuerdo con la Fiscalía, las conductas investigadas habrían ocurrido durante 2025 y afectaron tanto la probidad como la libertad sexual de la funcionaria.
Uno de los antecedentes expuestos durante la audiencia se remonta a febrero de ese año. Según la imputación, Palma habría ofrecido un cargo a la mujer y, en ese contexto, le habría solicitado mantener relaciones íntimas de carácter sexual.
La Fiscalía sostiene que estas peticiones se habrían reiterado durante febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2025, mediante mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y conversaciones mantenidas en el propio despacho del alcalde.
La funcionaria no habría accedido a las solicitudes.
La investigación también aborda episodios de contacto físico. El Ministerio Público atribuye al jefe comunal un intento de besar en la boca a la víctima, acción que ella habría logrado evitar al reaccionar.
Además, la Fiscalía le imputa otra conducta que calificó como de “significancia y relevancia sexual” contra la misma funcionaria.
Tras comunicar los cargos, el Ministerio Público solicitó al tribunal imponer al alcalde tres medidas cautelares: firma mensual ante Carabineros, prohibición de salir del país y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.
El tribunal, sin embargo, acogió solamente esta última petición.
De esta manera, Palma quedó con prohibición de acercarse o mantener comunicación con la funcionaria, quien, según informó la Fiscalía, también ha denunciado hostigamiento por parte de la autoridad comunal.
El tribunal rechazó las solicitudes de firma mensual y arraigo nacional, por lo que el alcalde podrá continuar desplazándose fuera del país mientras se desarrolla la causa, salvo que posteriormente exista una modificación de sus medidas cautelares.
La investigación continuará a cargo de la Fiscalía de Chillán junto a detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI.
El Juzgado de Garantía fijó un plazo de tres meses para desarrollar las diligencias pendientes.
Palma mantiene su calidad de imputado y la formalización corresponde a la comunicación de los hechos por los cuales es investigado, sin constituir una declaración de culpabilidad.
