Iván Moreira defiende propuesta para excluir prestaciones sociales a condenados por delitos graves

El senador Iván Moreira (UDI) salió este fin de semana a respaldar públicamente la reforma en materia de seguridad que impulsa el gobierno del Presidente José Antonio Kast, la que aún está en etapa de borrador y no ha ingresado al Senado. El proyecto busca excluir de prestaciones sociales —como bonos, subsidios e incluso beneficios previsionales o en salud— a quienes sean condenados por delitos graves vinculados a narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, durante un periodo que podría extenderse hasta 15 años después de cumplir la condena penal.

Moreira reconoció que la iniciativa, adelantada por La Tercera, está lejos de ser definitiva y enfatizó que el texto debe pasar por las instancias formales del Congreso, donde podría modificarse. “No se puede adelantar una votación a favor o en contra por solo un borrador. En el Senado se mejoran, modifican y corrigen proyectos de ley”, sostuvo el parlamentario.

Mientras el oficialismo promueve la medida como parte de una ofensiva para combatir la expansión del crimen organizado, voces críticas, como la del senador Matías Walker, han manifestado reparos. Entre sus principales cuestionamientos está el riesgo de castigar dos veces a una misma persona y el posible impacto sobre derechos básicos una vez cumplida la condena.

Por ahora, los detalles precisos sobre las exclusiones de prestaciones sociales siguen sin publicarse y el Ejecutivo no ha puesto fecha para el ingreso definitivo del proyecto. Entre las ideas conocidas figura dejar sin acceso a beneficios como subsidios habitacionales, aportes estatales en salud, becas o programas de reinserción,
lo que marcaría una señal fuerte desde el Estado para desincentivar la reincidencia en delitos de alta gravedad vinculados a bandas organizadas.

La propuesta revivió el debate sobre el alcance de las sanciones penales, la función de la reinserción social y el equilibrio entre castigo y derechos básicos. El gobierno, mientras tanto, ha defendido la necesidad de nuevas herramientas legales para enfrentar la escalada del crimen organizado, mientras promete recoger las inquietudes parlamentarias a medida que avance la tramitación.

Se espera que, una vez presentado el texto reglamentario, el debate parlamentario ponga el foco en definir claramente los alcances de las exclusiones, las formas de fiscalización y los mecanismos para impedir que se vulneren derechos esenciales tras el cumplimiento de las penas.