División en la UDI tensiona reforma de seguridad impulsada por Kast
Santiago.– Una franja de la derecha quedó al descubierto este lunes, luego de que Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, sincerara su rechazo a avanzar en algunas de las modificaciones constitucionales en seguridad propuestas por el gobierno de José Antonio Kast. Ramírez argumentó que estas medidas “dañan la institucionalidad”, una afirmación que encendió diferencias dentro de la coalición y generó inmediatas críticas desde otros partidos, tanto oficialistas como de oposición.
El debate se instaló tras la presentación del último borrador de reforma constitucional en seguridad pública y combate al crimen organizado, una de las cartas fuertes del Ejecutivo para responder a la demanda social en esa materia. Sin embargo, la resistencia interna representa un desafío especial para Kast, aún más considerando que la UDI se había presentado como uno de los aliados más férreos del gobierno.
Ramírez fue categórico: “En las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”, sostuvo. Desde Renovación Nacional, Claudio Alvarado replicó que “el dilema no es si tenemos que elegir entre seguridad e institucionalidad, lo que en realidad necesitamos es seguridad con institucionalidad”, mientras que otros, como Iván Moreira, llamaron a “no generar polémica anticipada” y recordaron que “un borrador es solo un borrador”.
El oficialismo, apuntando a mantener unidad en la tramitación parlamentaria, enfrenta presiones cruzadas. Arturo Squella y Agustín Romero, desde la bancada republicana, defendieron la urgencia de endurecer la ley contra el crimen organizado, cuestionando el tono de la UDI y rememorando votaciones anteriores en el tema. El socialista Juan Luis Castro, en tanto, advirtió el peligro de abrir cambios constitucionales en seguridad “por el precedente que se puede sentar para otros derechos”.
Por su parte, dentro del propio oficialismo, voces como la de Andrea Balladares, de Evópoli, respaldaron la agenda pero pidieron desarrollar el proceso “con normas sólidas y sin improvisar”. Mauro González (RN) recomendó cuidar las críticas públicas para no dañar la agenda, y Gustavo Sanhueza puso el foco en “revisar los borradores con máxima precisión para no debilitar la Constitución”.
Aún no se conoce el detalle definitivo del articulado más polémico; hasta ahora, el Ejecutivo sostiene que busca dotar de mayores herramientas legales la respuesta estatal contra la delincuencia. Sin embargo, para algunos sectores, establecer excepciones explícitas a derechos constitucionales es una línea riesgosa.
Con el debate abierto y la tramitación recién comenzando, el gobierno deberá navegar las contradicciones de sus apoyos internos mientras la oposición advierte que la reforma podría “sentar precedentes nefastos”. Se espera que el texto definitivo y sus efectos sean discutidos en detalle durante las próximas semanas en el Congreso.
