Tribunal Constitucional mantiene invariabilidad tributaria pero anula indemnización ambiental en Ley de Reconstrucción
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió este jueves requerimientos presentados contra ciertas normas del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, uno de los ejes legislativos tras la serie de catástrofes naturales de los últimos años. El TC decidió mantener la llamada invariabilidad tributaria, pero invalidó la norma que contemplaba indemnización para inversionistas ante la eventual anulación de permisos ambientales por vía judicial.
La decisión del TC impacta directamente en las condiciones para nuevos grandes proyectos en Chile, especialmente por la condenada práctica conocida como “invariabilidad tributaria”. Esta figura, implementada desde los años 50 y reforzada en el DL 600, permite que empresas con proyectos de inversión mantengan la tasa de impuestos vigente al momento de firmar su contrato, por plazos entre 10 y 20 años. El tribunal ratificó la constitucionalidad de esta herramienta, aunque acotó su alcance, descartando su ampliación a nuevos casos y limitando su uso a contratos vigentes.
En paralelo, el órgano máximo de control constitucional declaró inconstitucional el mecanismo que buscaba otorgar una indemnización a empresas cuando una Resolución de Calificación Ambiental fuera anulada judicialmente. El argumento esgrimido apunta a que tal compensación podría inhibir la acción de funcionarios públicos y limitar las posibilidades de corregir irregularidades detectadas tras procesos ambientales.
Al explicar la decisión, la nueva presidenta del TC, María Peña Silva, enfatizó que “somos un tribunal, no somos actores políticos” y que declarar la inconstitucionalidad de una norma es “ultima ratio”. Destacó que el fallo busca clarificar competencias del Congreso en materia tributaria y proteger la función pública en la evaluación ambiental.
El Congreso mantiene por ahora potestades para modificar reglas tributarias aplicables a nuevas inversiones, mientras que quienes ya cuentan con contratos especiales conservan sus condiciones tributarias previas. Sobre la polémica indemnización, el rechazo deja sin efecto compensaciones a inversionistas por eventuales errores u omisiones detectadas por la justicia ambiental.
La discusión fue seguida con atención por sectores políticos y empresariales. La oposición promovió el requerimiento, acusando un riesgo de discriminación y afectación de las facultades parlamentarias, argumentando que la invariabilidad favorecía arbitrariamente a ciertos actores. Por su parte, representantes de sectores productivos defendieron la certeza jurídica como requisito para inversiones de largo plazo, especialmente en el escenario de reconstrucción post-desastres.
El proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional ahora avanza hacia su promulgación, con el eje tributario respaldado por el TC pero sin el mecanismo de indemnización ambiental. Persisten dudas sobre los detalles de implementación y la reacción que tendrá entre inversionistas y organismos medioambientales. Se espera que en las próximas semanas se conozcan los detalles finales del texto legal.
