Tribunal Constitucional frena parte clave de la megarreforma y complica reactivación acuícola
Un fallo dividido del Tribunal Constitucional (TC) marcó este 14 de agosto de 2026 un nuevo hito en la discusión sobre la llamada megarreforma del Gobierno. La resolución aceptó parte de los requerimientos presentados contra el proyecto estrella del Ejecutivo, al declarar inconstitucional el mecanismo de microrrelocalización exprés para las concesiones acuícolas, obligando ahora a pasar estos cambios por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).
La decisión fue recibida con posturas encontradas dentro del propio Gobierno. Mientras el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó estar “tremendamente contento” con el veredicto y valoró que la invariabilidad tributaria para grandes inversiones –foco principal de la reforma– quedó prácticamente intacta tras las correcciones del TC, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, reconoció la incomodidad que causa en el sector la inconstitucionalidad parcial sobre relocalizaciones acuícolas: “No es una buena noticia. Vamos a tener que redoblar los esfuerzos para dinamizar y facilitar la regulación en pesca y acuicultura.”
Con el fallo, el proyecto mantiene una garantía de reglas claras para inversiones superiores a los 350 millones de dólares durante 20 años, lo que según el ministro Quiroz garantiza certeza para capitales nacionales y extranjeros. Sin embargo, uno de los puntos estratégicos para el sur de Chile –la ampliación de la acuicultura mediante relocalizaciones más rápidas– se ve frenado por la exigencia de pasar por todo el proceso del SEA.
El sector pesquero y acuícola, que esperaba un impulso normativo para adaptarse al contexto ambiental y productivo actual, deberá seguir enfrentando el trámite ambiental regular para cualquier reubicación de sus concesiones. El Gobierno, por su parte, reafirmó su compromiso de buscar nuevas herramientas legislativas o administrativas para reactivar la industria, aunque aún no se han detallado los mecanismos específicos a proponer.
El fallo es visto desde Hacienda como un respaldo mayoritario a las bases tributarias de la reforma. Sin embargo, para los gremios del sur y la industria salmonera, la noticia representa una alerta, ya que repone una traba administrativa al desarrollo acuícola que se buscaba agilizar.
Por ahora, el Ejecutivo acelera contactos y reuniones con representantes del sector para definir una agenda corta de medidas que ayuden a mantener la competitividad y viabilidad de la industria en el actual marco legal.
