Gobierno pide renuncia a delegado de Chañaral por terreno fiscal
El Gobierno solicitó la renuncia del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, luego de que la Contraloría Regional de Atacama acreditara la ocupación irregular de un terreno fiscal en el sector de Portofino.
La decisión fue comunicada durante la tarde del viernes 14 de agosto por el Ministerio del Interior, tras conocerse el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
Según los antecedentes publicados, Urrejola utilizaba desde hace años un inmueble fiscal ubicado en la comuna de Chañaral, principalmente durante los fines de semana. En el lugar además habría levantado una construcción de material ligero dentro de una superficie cercana a los mil metros cuadrados.
El caso no quedó limitado a la salida de la autoridad.
Contraloría determinó que la ocupación vulneró el principio de probidad administrativa y ordenó abrir un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades. También instruyó al Ministerio de Bienes Nacionales adoptar las medidas necesarias para concretar el desalojo del inmueble.
A ello se suma el cobro retroactivo de los derechos correspondientes al tiempo en que fue utilizado el terreno fiscal, una de las medidas dispuestas tras la revisión realizada por el organismo contralor.
La situación adquirió especial relevancia debido al cargo que ocupaba Urrejola como representante del Ejecutivo en la provincia de Chañaral.
Tras conocerse los antecedentes, el Gobierno sostuvo que sus funcionarios y autoridades deben ajustarse a los principios de probidad, legalidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.
La salida deja ahora abierta la definición de quién asumirá definitivamente la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral.
Mientras se resuelve el reemplazo, el organismo quedará bajo régimen de subrogancia, de acuerdo con los antecedentes informados tras la solicitud de renuncia.
El procedimiento disciplinario ordenado por Contraloría deberá determinar las eventuales responsabilidades administrativas vinculadas al caso, mientras Bienes Nacionales tendrá que avanzar en el desalojo y en el cálculo de los montos que deberán cobrarse por el uso del inmueble.
Hasta ahora, el pronunciamiento conocido establece la existencia de una ocupación irregular del terreno fiscal y las medidas administrativas que deben ejecutarse a partir de esa constatación.
