TC acoge parte de impugnaciones a megarreforma de José Antonio Kast

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió este jueves acoger parcialmente los requerimientos presentados por la oposición contra varias disposiciones de la megarreforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La decisión impacta directamente en normas sobre inversión extranjera, protección tributaria y regulación ambiental, materias centrales del paquete legislativo defendido por La Moneda.
En una sesión plenaria desarrollada en Santiago, el TC declaró inconstitucional diversas frases y artículos, entre ellos partes claves del capítulo sobre inversión extranjera y de las modificaciones a leyes ambientales. Por ejemplo, el tribunal eliminó la expresión “entre otras” del título referido a contratos de inversión, y prohibió que el Ministerio de Hacienda pueda ampliar plazos de contratos para grandes inversiones bajo ciertas circunstancias, tal como estaba originalmente considerado.
También se declaró fuera de la Constitución el artículo que habilitaba indemnizaciones automáticas a empresas ante la anulación de resoluciones de calificación ambiental (RCA). Además, se invalidaron pasajes sobre proyectos llamados “conexos” y la posibilidad de relocalizar instalaciones acuícolas sin someterlas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El artículo 29 y otros referidos a protección de inversiones perderán validez en parte, restringiendo el alcance de la invariabilidad tributaria que ofrecía la reforma para atraer grandes capitales al país. Según expertos legales, tras la sentencia, estos incentivos y garantías deberán aplicarse de forma más regulada y acotada.
Fuentes del Congreso detallan que la oposición enfatizó los riesgos de dejar ciertos beneficios a discreción del Ejecutivo —accionando ante el Tribunal Constitucional— y que varios de sus cuestionamientos más centrales quedaron respaldados por el fallo. Sin embargo, la instancia rechazó otras impugnaciones y confirmó la vigencia de disposiciones no controvertidas.
La situación genera nuevos escenarios de incertidumbre legislativa y jurídica para proyectos de inversión de alto monto, justo cuando el Gobierno apostaba por un marco de garantías para inversiones y una agilización del proceso ambiental.
Desde el Ejecutivo todavía no hay respuesta pública sobre ajustes a la reforma tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Se espera que el Ministerio de Hacienda y la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera evalúen medidas para sortear el traspié jurídico y reconducir algunos incentivos afectados por la sentencia.
