Primer ministro británico pide excluir a condenados por caso Harper de libertad anticipada

El primer ministro Andy Burnham solicitó formalmente al secretario de justicia que analice la posibilidad de dejar fuera del actual esquema de libertad anticipada a Jessie Cole y Albert Bowers, condenados a 13 años de cárcel por la muerte de PC Andrew Harper. Este mecanismo, implementado como medida para reducir la sobrepoblación carcelaria, podría quedar cerrado a quienes cometieron delitos de alta gravedad, tras la creciente presión de los familiares del policía y agrupaciones de la fuerza pública.
La sentencia contra Cole y Bowers se dictó por homicidio involuntario luego de la trágica muerte de Harper, situación que ha mantenido latente el debate sobre el trato que deben recibir quienes cometen este tipo de crímenes. Actualmente, el esquema de libertad anticipada contempla liberar antes del cumplimiento total de la condena a cientos de personas privadas de libertad, pero respaldo ciudadano e institucional han impulsado una revisión del listado de beneficiados.
Burnham calificó como un deber asegurar que “crímenes particularmente graves” no tengan posibilidad de reducciones penales automáticas y anunció determinación para encontrar una solución concreta, apelando a la sensibilidad pública y a la reparación del daño vivido por la familia de la víctima. La petición fue remitida de manera directa al Ministerio de Justicia para análisis y eventual reforma del esquema.
Por ahora, Jessie Cole y Albert Bowers permanecen encarcelados cumpliendo la condena por el homicidio involuntario dictada por los tribunales británicos. No existe, hasta el momento, fecha prevista para su posible revisión de pena, lo que quedaría suspendido en caso de avanzar esta exclusión en la normativa.
La decisión final dependerá del análisis legal y político que haga el ministerio encabezado por el secretario de justicia, escenario que será seguido de cerca tanto por familiares como por organizaciones de la policía. El debate por la libertad anticipada para casos graves sigue instalado en la agenda pública del Reino Unido.
