Congreso chileno avanza siete proyectos clave contra crimen organizado y terrorismo

En una jornada intensa en el Congreso, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, resaltó este lunes el avance de siete proyectos legislativos vinculados a la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Estos proyectos responden a una de las principales prioridades del gobierno actual, encabezado por el presidente José Antonio Kast, en materia de seguridad ciudadana.

Entre las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo figuran la extensión de la legítima defensa privilegiada para carabineros y militares fuera de servicio y la denominada “ley corta de seguridad municipal”. Además, avanzaron propuestas para permitir juicios orales en ausencia de los acusados, fortalecer atribuciones de Carabineros y actualizar las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Uno de los puntos que más debate ha generado entre parlamentarios es la autorización de una retención migratoria por hasta 180 días para personas bajo investigación. El ministro Arrau afirmó que estos cambios dotan al Estado de nuevas herramientas para combatir, desde distintos frentes, mafias transnacionales y delitos complejos que han afectado la percepción de seguridad en el país.

En la misma jornada se aprobó en general el proyecto sobre seguridad portuaria frente al crimen organizado, actualmente en revisión por una comisión mixta. Si bien varios de estos proyectos ya superaron la etapa de comisiones, su tramitación todavía debe sortear nuevas discusiones en la Cámara de Diputados y el Senado antes de convertirse definitivamente en ley.

El ministro agradeció públicamente la disposición de los legisladores: “Siete avances concretos de la ACOT en un solo día, la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo avanza en el Congreso”, declaró. Añadió que el combate a la inseguridad continúa siendo una de las demandas más sentidas por la ciudadanía.

Aunque las iniciativas han logrado respaldo transversal en la tramitación inicial, aún no se han dado a conocer en detalle los alcances ni las medidas prácticas que traerán para ciudadanos y policías una vez que se transformen en ley. Por ahora, sus definiciones quedan pendientes de los próximos debates legislativos y de la publicación de los textos finales.

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