Crearán agencia para administrar bienes incautados a bandas criminales
El país se prepara para una reforma clave en la lucha contra el crimen organizado: el presidente José Antonio Kast anunció la creación de una agencia especializada que administrará y liquidará los bienes incautados por delitos graves. La medida, celebrada por la Fiscalía Nacional, apunta a terminar con años de alto gasto estatal y desorden en la gestión de propiedades y automóviles decomisados.
Hoy, el Estado chileno destina más de $1.600 millones anuales solo en la custodia de vehículos incautados a bandas criminales. A esa cifra se suman los aproximadamente $300 millones mensuales que cuesta almacenar otras especies y bienes, según cálculos del Ministerio Público durante 2026. Detrás de estas cifras hay bodegas llenas de autos que se deprecian con el tiempo y una burocracia que, en múltiples ocasiones, impide rematar los inmuebles confiscados, incluso después de sentencias condenatorias.
El informe oficial elaborado por la Fiscalía revela que a marzo de 2025 existían 87 inmuebles decomisados que aún no habían sido rematados, y 19 de ellos ni siquiera tenían la inscripción definitiva a nombre del Fisco. El sistema para enfrentar el lavado de activos no ha cambiado en casi 14 años y la falta de una entidad que centralice el ciclo completo ha impedido un manejo eficiente.
La creación de una agencia dedicada responde tanto a estándares internacionales como a presiones nacionales. “Es difícil discutir la necesidad, en el Chile actual y con su criminalidad, de una agencia especializada para administrar los bienes incautados y decomisados, especialmente aquellos vinculados al crimen organizado”, expuso Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía.
Países como Colombia, Perú, Francia o España cuentan hace años con agencias de este tipo, recomendadas además por organismos como el GAFI y la OEA. En Chile, en ausencia de un organismo de este tipo, han intervenido instituciones como SML, Dicrep, Aduanas y policías, sin evitar la dispersión y la falta de una autoridad clara.
El proyecto anunciado aún carece de detalles concretos en cuanto a su estructura, presupuesto y mecanismos legales, así como una fecha programada para su inicio. Sin embargo, el objetivo central es claro: permitir la administración, conservación, remate y rendición de cuentas sobre los activos incautados, para que dejen de significar una carga para el Estado y pasen a transformarse en recursos o insumos para la persecución criminal.
Por ahora, el ojo está puesto en el futuro diseño de la agencia y el impacto real que pueda tener: en juego está no solo la eficiencia fiscal, sino también el golpe a la operatividad financiera de las bandas organizadas.
