Ataques con explosivos golpean a Colombia tras investidura presidencial
Un día después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, distintas localidades de Colombia registraron ataques con explosivos dirigidos a estaciones de policía y a un peaje en construcción. Los ataques, ocurridos el 8 de agosto de 2026, afectan la seguridad en medio del inicio del nuevo gobierno, que había prometido enfrentar al crimen organizado y liberar al país del control de grupos armados ilegales.
En la Vía Panamericana entre Popayán y Cali, un vehículo cargado con explosivos destruyó totalmente un peaje municipal en construcción. Según autoridades, en el hecho dos guardias de seguridad resultaron heridos.
Una de las acciones más graves se vivió en la subestación de Policía San Roque, en el departamento de Cesar, donde el subintendente Argemiro Rodelo Canchila perdió la vida a causa de un ataque con explosivos lanzados desde drones. Rodelo Canchila contaba con 18 años de servicio en la Policía.
Horas después, la estación de Policía Porce III en Guadalupe, Antioquia, también fue blanco de explosivos lanzados desde drones. No se registraron lesionados en este atentado, que fue atribuido por el gobernador Andrés Julián Rendón al Frente 36, disidencia de las antiguas FARC.
En el municipio de Guamal, Meta, el presidente De la Espriella confirmó la captura de Héctor Bastidas, conocido como alias “Bonito”, considerado segundo cabecilla de los Comandos de la Frontera, grupo vinculado a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
Las autoridades investigan la coordinación y posibles vínculos entre los ataques. El gobierno recomendó reforzar la seguridad en infraestructuras críticas y estaciones policiales, y reafirmó que buscará judicializar a los responsables. Pese a la gravedad de los hechos, aún no se conoce el detalle exacto de la cantidad de atacantes ni de posibles detenciones adicionales.
La ola de atentados ocurre en un contexto donde diversas disidencias armadas mantienen operaciones violentas en el país, recordando la persistente amenaza contra la seguridad pública, especialmente en zonas rurales.
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional intensificaron patrullajes y labores de inteligencia en los sectores afectados. La situación sigue siendo monitoreada por las autoridades mientras se desarrolla la investigación.
