Propuesta de estado de excepción con apoyo militar desata debate por seguridad en barrios críticos

Un nuevo debate político sacude la agenda de seguridad nacional tras la propuesta del presidente José Antonio Kast de crear un estado de excepción constitucional especial, permitiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías en barrios afectados por el crimen organizado. La medida, enmarcada en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), apunta a reforzar la intervención estatal donde las bandas criminales han complicado la labor policial tradicional.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en etapa de deliberación legislativa, con especial atención a la discusión de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) en el Congreso, que definirán los límites y protocolos aplicables a eventuales operativos mixtos. El propio Kast señaló que “hoy se está discutiendo en el Parlamento las Reglas de Uso de la Fuerza, está por salir esa normativa, eso va a dar una señal clara, pero vamos a ir paso a paso”.

El proyecto ha despertado respaldos y reparos de distintos sectores. Mientras algunos, como el senador Andrés Longton (RN) y la presidenta del Senado Paulina Núñez (RN), valoran la propuesta y la consideran una respuesta urgente a la demanda ciudadana sobre seguridad, otras voces advierten riesgos institucionales e incertidumbres operativas.

Luis Cordero, exministro y experto en derecho público, expresó su preocupación por la subordinación de militares a tareas policiales, destacando que “la labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos”. Advirtió además posibles distorsiones en las cadenas de mando y frecuente solapamiento de funciones, tensiones que ya han asomado en experiencias anteriores de apoyo militar interno.

El oficialismo plantea que la propuesta persigue fortalecer el accionar policial sin sustituirlo y que su alcance será acotado. Màximo Pavez, subsecretario del Interior, recalca: “No se trata de reemplazar las funciones de las policías, sino de disponer un apoyo excepcional en situaciones justificadas por riesgo y necesidad de presencia reforzada en el territorio”.

Las reglas y el control de este eventual despliegue siguen siendo materia de debate. Parlamentarios como Jorge Alessandri (UDI) opinan que la urgencia ciudadana permitirá acuerdos amplios en el Congreso, más allá de las diferencias partidistas. Sin embargo, aún no existe una postura clara del Frente Amplio y el Partido Comunista, que mantienen reservas sobre el impacto real de la militarización de barrios.

Por ahora, la iniciativa sigue en discusión y recién cuando las RUF sean aprobadas podría pasar a votación final. La fórmula exacta de coordinación, los plazos de implementación y la evaluación de resultados son algunos de los temas que seguirán marcando el debate en los próximos meses.

Imagen: "Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) San Luis Potosi Dodge Charger" by JLaw45 is licensed under CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. Fuente