Querella por presunto fraude sacude a AIEP: acusan venta de millonarias deudas estudiantiles incobrables
Una compleja investigación judicial mantiene en el centro de la polémica al Instituto Profesional AIEP. La institución enfrenta una querella por presunto fraude luego de ser acusada de vender una cartera de deudas estudiantiles por más de $1.100 millones que, según la empresa compradora, contenía miles de créditos que en la práctica no podían cobrarse.
La acción penal fue presentada por Comercial Remesa, firma dedicada a la gestión de cobranzas, que en 2024 se adjudicó la compra de una cartera compuesta por cerca de 12 mil estudiantes, cuyo monto nominal ascendía a $13.900 millones.
Sin embargo, tras comenzar el proceso de cobro, la empresa asegura haber detectado una serie de graves irregularidades. Entre ellas, deudas duplicadas, estudiantes que ya habían pagado sus obligaciones, clientes repetidos en distintas carteras e incluso alumnos cuyos estudios ya habían sido financiados completamente con becas estatales.
Según la querella, estas inconsistencias inflaban artificialmente el valor real de la cartera vendida, provocando un importante perjuicio económico para la empresa compradora.
El conflicto no quedó solo en el ámbito penal. Paralelamente se desarrollan dos causas civiles entre ambas partes. Mientras AIEP demanda a Remesa por el incumplimiento del pago de las cuotas pactadas en la licitación, la empresa sostiene que dejó de pagar porque el instituto nunca entregó los pagarés originales necesarios para iniciar las acciones judiciales de cobranza.
Precisamente, uno de los puntos más controvertidos de la investigación gira en torno a esos documentos.
El contrato establecía que los pagarés estaban disponibles para ser entregados cuando fueran requeridos. No obstante, Remesa asegura que los solicitó formalmente en agosto de 2024 y que hasta hoy nunca los recibió.
Las declaraciones realizadas por ejecutivos de AIEP ante la Fiscalía también abrieron nuevas interrogantes. Mientras algunos directivos afirmaron que los pagarés ni siquiera estaban emitidos y que su elaboración requería cerca de 90 días, los estados financieros auditados de la institución señalarían que esos documentos ya se encontraban suscritos por los estudiantes, lo que generó una aparente contradicción que ahora forma parte de la investigación.
La empresa compradora sostiene que la falta de esos pagarés impidió continuar los juicios de cobranza contra los deudores, afectando directamente la operación comercial.
Pero el conflicto también podría haber tenido consecuencias para los propios estudiantes. Según la querella, algunos exalumnos habrían enfrentado procesos de cobro pese a que ya habían pagado sus obligaciones o simplemente no correspondía exigirles esos montos.
Durante la investigación incluso surgieron antecedentes relacionados con la contabilidad de la institución. Personas vinculadas a Remesa solicitaron que se revisaran los estados financieros de AIEP por una eventual evasión tributaria, aunque hasta ahora el Servicio de Impuestos Internos no se ha incorporado a la causa.
Actualmente, la investigación penal continúa en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, donde directivos de AIEP ya han prestado declaración en calidad de imputados. En paralelo, permanece vigente una causa civil en el 12° Juzgado Civil de Santiago, donde ambas partes mantienen sus disputas por el contrato.
Consultado por Radio Bío Bío, AIEP descartó las acusaciones y afirmó que no comentará un proceso judicial en curso. La institución sostuvo que todos los antecedentes fueron entregados a los tribunales y aseguró confiar en que la justicia desestimará las imputaciones, las que calificó como “sin ningún sustento”.
