El alcalde de Chillán Viejo fue formalizado la mañana de este martes por una serie de delitos sexuales y amenazas que habrían afectado a dos funcionarias municipales, en una investigación liderada por la Fiscalía de Ñuble.
En la audiencia, el fiscal Sergio Pérez comunicó cargos por cuatro hechos distintos, los que involucran a dos víctimas que se desempeñaban bajo la dependencia directa del jefe comunal.
Según explicó el persecutor, una de las denunciantes era directora de un jardín infantil dependiente del municipio, mientras que la otra cumplía funciones en otra unidad municipal.
La Fiscalía atribuye al alcalde los delitos de violación con uso de fuerza, abuso sexual por sorpresa, solicitación de favores sexuales y amenazas, estas últimas vinculadas a advertencias de desvinculación laboral si una de las víctimas no accedía a sus requerimientos.
“Le comunicamos cargos por cuatro hechos que afectan a dos víctimas distintas. Los hechos configuran diversos delitos. El más grave es un delito de violación con utilización de fuerza. Los otros corresponden a abuso sexual por sorpresa, solicitación de persona y amenazas de un mal que no constituye delito, esto es desvincularla por no acceder a sus requerimientos”, explicó el fiscal Sergio Pérez.
El Ministerio Público señaló que la investigación se extendió durante varios meses debido a la necesidad de reunir peritajes psicológicos y otros antecedentes especializados que permitieran respaldar los relatos de las víctimas.
“Lamentablemente este tipo de investigaciones suelen demorar porque requerimos informes periciales de daño que respalden el relato de las víctimas. Esos informes los recibimos hace pocos días y son fundamentales para acreditar el impacto que provoca una experiencia de victimización sexual”, indicó el persecutor.
Durante la audiencia, el tribunal decretó como medidas cautelares arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a las víctimas, mientras continúa la investigación.
El fiscal precisó que aún quedan diligencias pendientes para esclarecer uno de los hechos investigados, por lo que no descartó nuevas actuaciones del Ministerio Público.
Respecto de una eventual condena, explicó que el delito de violación contempla una pena de crimen y que, sumado a la reiteración de los demás ilícitos, las sanciones podrían superar los siete años de presidio, dependiendo de las agravantes que eventualmente se acrediten durante el proceso.
Pese a la formalización, las medidas cautelares decretadas no impiden que el alcalde continúe ejerciendo su cargo, situación que podría ser analizada por otras instancias administrativas, como el Concejo Municipal y la Contraloría, de acuerdo con la normativa vigente.
