Alcalde de Coihueco seguirá con cautelares por causa de presunto abuso sexual
El Juzgado de Garantía de Chillán resolvió mantener las medidas cautelares decretadas contra el alcalde de Coihueco, Wilson Palma, en el marco de la investigación iniciada tras una querella por presunto abuso sexual presentada por una exfuncionaria municipal.
La resolución mantiene vigente la prohibición del jefe comunal de acercarse y comunicarse con la denunciante, además de la obligación de cumplir con firma mensual en la Subcomisaría de Carabineros de Coihueco.
Durante la revisión de las medidas, se expuso que esta última cautelar no habría sido cumplida por Palma, situación que fue considerada por el tribunal al momento de resolver la continuidad de las restricciones.
El abogado querellante, Juan Francisco Rodríguez, explicó que los antecedentes presentados permitieron mantener las medidas decretadas anteriormente.
“El tribunal se ha podido convencer de que se cumplen con los presupuestos de los delitos invocados, que serían en este caso el abuso sexual por sorpresa. Estos antecedentes de la investigación, unidos a la conducta reticente de don Wilson Palma en orden a cumplir lo ordenado por la justicia, hacen creer que se tienen que imponer estas restricciones”, señaló.
Según la resolución judicial, los antecedentes entregados permiten advertir la presunta existencia de hechos constitutivos de delito, los cuales actualmente son investigados por el Ministerio Público. La causa aún no ha sido formalizada.
Respecto a una eventual comunicación de cargos, el abogado de la denunciante sostuvo que la Fiscalía mantiene diligencias pendientes antes de avanzar en esa etapa.
“El Ministerio Público va a formalizar la investigación tan pronto concrete y agote ciertas diligencias. En específico, la pericia que se está realizando al teléfono de la víctima por parte de la Policía de Investigaciones, en la cual se va a determinar si efectivamente los mensajes que se exhibieron son reales y no han sido alterados”, indicó.
El tribunal además advirtió que un eventual incumplimiento de las medidas impuestas podría configurar el delito de desacato, contemplado en la legislación vigente.
