Escándalo en municipalidades: renovaron permisos a vehículos que no podían obtenerlos
La Contraloría General de la República detectó que cientos de municipios del país renovaron permisos de circulación a vehículos que mantenían multas de tránsito impagas, situación que vulnera la normativa vigente y que ahora derivará en investigaciones administrativas.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°23 dado a conocer este lunes, se identificó que 146.469 vehículos renovaron sus permisos de circulación entre 2022 y 2025 pese a registrar multas de tránsito pendientes al momento de realizar el trámite.
El análisis fue realizado mediante un cruce de información entre las bases de permisos de circulación, el Registro Nacional de Multas de Tránsito no Pagadas y otros registros públicos, revisando antecedentes de 345 municipalidades del país.
De acuerdo con la legislación vigente, los vehículos que mantienen multas de tránsito impagas registradas hasta noviembre del año anterior no pueden obtener la renovación de su permiso de circulación. Sin embargo, el organismo fiscalizador constató que 322 municipios realizaron renovaciones incumpliendo esta exigencia legal.
El informe también reveló casos especialmente llamativos. Entre ellos, vehículos que lograron renovar permisos pese a acumular hasta 240 multas de tránsito vigentes. Asimismo, se detectaron automóviles con más de 100 infracciones pendientes cuyos permisos igualmente fueron autorizados por algunas municipalidades.
Otro antecedente que encendió las alertas de Contraloría fue la existencia de posibles conflictos de interés. El organismo identificó permisos renovados a funcionarios municipales que mantenían multas vigentes, además de familiares de trabajadores de los mismos municipios involucrados en los procesos. Estos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
A ello se suman 497 permisos de circulación otorgados por 62 municipalidades a personas que figuraban en el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago, situación que también contraviene las restricciones establecidas por la ley.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría instruyó a las municipalidades involucradas iniciar sumarios administrativos e informar el avance de dichas investigaciones dentro de un plazo de cinco días hábiles. Además, los antecedentes que pudieran constituir delitos serán puestos en conocimiento del Ministerio Público.
