Diputados piden quitar pensiones de gracia a beneficiarios con antecedentes penales
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución que solicita al Gobierno revisar y eventualmente revocar las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social a personas que mantienen antecedentes penales.
El documento fue entregado este jueves al Ministerio de Justicia por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, junto a la diputada UDI Constanza Hube.
La iniciativa surge a partir del informe emitido por Contraloría en enero de 2024, donde se detectó que 58 de los 419 beneficiarios de estas pensiones registraban antecedentes penales.
Según los antecedentes incluidos en ese informe, entre los beneficiarios aparecían condenas por delitos como estafa, tráfico de drogas, producción de material pornográfico, abuso sexual, robo con violencia, homicidio y lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
Tras conocerse esos antecedentes, el Gobierno anterior informó la revocación de 28 pensiones de gracia, mientras que el Ministerio Público abrió investigaciones por presunto fraude al Fisco y falsificación de instrumento público y privado.
El proyecto aprobado por la Cámara sostiene que los casos detectados “no se condicen con el espíritu de la ley ni tampoco con los estándares de justicia propios de una sociedad democrática”.
Jorge Alessandri señaló que el objetivo es revisar la totalidad de las pensiones otorgadas en el marco del estallido social y terminar con aquellas donde existan antecedentes penales.
“Que se terminen esos pagos mensuales”, afirmó el parlamentario tras entregar la resolución en el Ministerio de Justicia.
El diputado también explicó que la idea es modificar el decreto original para establecer como requisito no mantener antecedentes penales para acceder al beneficio.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que los antecedentes serán estudiados y revisados caso a caso.
En paralelo, Alessandri adelantó que buscarán impulsar una revisión de las denominadas pensiones de “falsos exonerados”, apuntando a personas que habrían recibido beneficios vinculados a exoneraciones políticas sin cumplir los requisitos correspondientes.
Según sostuvo, existen casos cuestionados desde hace años y que continúan generando pagos mensuales financiados con recursos públicos.
El debate sobre las pensiones de gracia volvió a instalarse luego de las críticas surgidas tras el informe de Contraloría y las posteriores investigaciones judiciales abiertas por el Ministerio Público.
