Escándalo en el Censo: INE contrató personas con condenas
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en el proceso de contratación del Censo de Población y Vivienda 2024, incluyendo personas con antecedentes penales, extranjeros no habilitados para trabajar y pagos que no pudieron ser justificados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El informe N°194-2025, dado a conocer este miércoles, detectó que al menos 16 personas con condenas por delitos como robo, hurto, estafa, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas para desempeñarse como censistas o cumplir otras funciones ligadas al proceso.
Según detalló Contraloría, en seis casos los postulantes sí presentaron certificados de antecedentes donde figuraban condenas, pero la empresa encargada del reclutamiento no validó correctamente la documentación ante el Registro Civil.
En otros diez casos, el INE ni siquiera logró acreditar que hubiese solicitado los certificados correspondientes antes de concretar las contrataciones.
La auditoría también identificó a 14 extranjeros que no se encontraban habilitados para trabajar en Chile. Entre ellos había personas con residencias revocadas e incluso un caso con una expulsión administrativa pendiente.
Otro de los puntos observados apunta a más de 130 contrataciones donde el organismo no pudo demostrar que las personas contaban con los requisitos educacionales exigidos para cargos administrativos y de coordinación.
Además, la Contraloría cuestionó la falta de supervisión respecto a 515 censistas por los cuales se pagaron más de 166 millones de pesos, sin que el INE pudiera acreditar que efectivamente realizaron las labores asignadas.
El informe también detectó que 267 personas trabajaron simultáneamente para el Censo y otras instituciones públicas entre marzo y junio de 2024, situación que no fue informada pese a existir declaraciones juradas obligatorias.
Debido a estos antecedentes, los casos serán remitidos al Ministerio Público.
La auditoría además reveló pagos considerados injustificados por más de 134 millones de pesos asociados al traslado de funcionarios y censistas el 1 de mayo de 2024, fecha en que no se realizaron labores censales.
En paralelo, se detectaron contratos de arriendo de oficinas y locales censales sin fundamentos técnicos claros, incluyendo pagos por inmuebles utilizados durante periodos superiores al tiempo real de funcionamiento del Censo.
Otro de los cuestionamientos apunta al manejo del equipamiento tecnológico adquirido para el proceso.
Según el informe, miles de computadores y smartphones permanecieron almacenados durante meses en bodegas arrendadas tras finalizar el Censo, sin una planificación clara sobre su destino final.
Frente a las irregularidades detectadas, Contraloría ordenó instruir un sumario administrativo al interior del INE y formuló un reparo por más de 315 millones de pesos.
Además, el organismo fiscalizador remitió los antecedentes al Ministerio Público para las diligencias que correspondan.
