Fiscalía revela millonario lavado del Tren de Aragua: supera los $78 mil millones
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó que el brazo financiero del Tren de Aragua desbaratado este martes logró mover más de $78 mil millones fuera de Chile, en lo que ya es considerado uno de los mayores casos de lavado de activos detectados en el país.
La investigación permitió concretar un megaoperativo de la PDI y la Fiscalía Sur que dejó 18 detenidos, además de otras dos personas capturadas por delitos flagrantes durante las diligencias.
Entre los arrestados aparece José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander apuntado como pieza clave para facilitar movimientos internacionales de dinero vinculados a la organización criminal.
El operativo incluyó el allanamiento de una sucursal del banco ubicada en calle Agustinas, en pleno centro de Santiago.
Según explicó el fiscal Héctor Barros, el imputado utilizaba cuentas abiertas en distintos bancos para mover recursos obtenidos mediante extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas y otros delitos asociados al Tren de Aragua.
“No estamos hablando del banco, sino de una persona que operaba utilizando distintas cuentas y estructuras para sacar dinero del país”, aclaró el persecutor.
La Fiscalía sostiene que los fondos eran enviados principalmente a Colombia a través de empresas de criptomonedas y otras operaciones internacionales.
Parte del dinero llegaba incluso hasta una cárcel colombiana donde permanece detenido Carlos “El Bobby” Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua.
Ese recinto penitenciario también fue allanado por policías colombianos en coordinación con detectives chilenos.
Barros aseguró que este golpe afecta directamente el funcionamiento económico de la organización criminal.
“Es la primera vez que les pegamos donde más les duele: en el patrimonio y en el negocio”, afirmó.
La investigación nació tras el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa durante 2024, crimen ligado a una fiesta clandestina organizada por integrantes del Tren de Aragua.
A partir de ese caso, la Fiscalía detectó una estructura dedicada a extorsionar dueños de locales nocturnos, principalmente en el barrio Bellavista, obligándolos a entregar el control de sus negocios durante determinadas jornadas.
En esas fiestas, la banda se quedaba con ganancias provenientes de entradas, venta de drogas y otros negocios ilegales.
La PDI además confirmó que la organización mantenía vínculos con delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, secuestros y redes asociadas a migración ilegal.
Durante el operativo también se realizaron allanamientos en cárceles de la región Metropolitana y del Biobío, además de diversos domicilios ligados a la red criminal.
