Más de 120 mil extranjeros esperan nacionalidad chilena: revelan millonario atraso que heredará el nuevo gobierno
Una acumulación de más de 120 mil solicitudes de nacionalización mantiene en incertidumbre a miles de extranjeros que durante años siguieron el proceso legal exigido por el Estado chileno para obtener la ciudadanía.
El problema quedó al descubierto tras la salida de Luis Thayer del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), organismo que encabezó durante cuatro años en el gobierno de Gabriel Boric. Documentos internos del propio servicio, correspondientes al Reporte 2025 del Departamento de Nacionalidad, muestran que actualmente existen 120.737 solicitudes de nacionalización pendientes de resolución.
La cifra representa un aumento de un 20% respecto de 2024, cuando el sistema registraba 100.391 trámites en espera. Esto ocurrió pese a que la demanda por nacionalización comenzó a disminuir.
El informe indica que durante 2025 se registró una baja del 19% en nuevas solicitudes respecto del año anterior. Sin embargo, el número de expedientes sin resolver continuó aumentando, lo que evidencia que el sistema acumuló más trámites de los que logró resolver.
Pero el retraso no se explica únicamente por el proceso administrativo. Según los antecedentes, miles de decretos ya revisados técnicamente quedaron detenidos en los despachos de las autoridades a la espera de una firma final.
En total, 22.896 decretos de nacionalización ya revisados por el aparato técnico del Estado quedaron pendientes de firma o notificación. De ellos, 22.017 estaban en el gabinete de la Subsecretaría del Interior, mientras que 752 se encontraban en el gabinete del ministro y 127 en proceso de ingreso o notificación.
Se trata de resoluciones que ya habían pasado todas las etapas técnicas del proceso y que solo requerían la decisión final de la autoridad. Esa firma no se concretó antes del cambio de mando.
El escenario representa un desafío inmediato para el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones, el exdiputado Frank Sauerbaum (RN), quien deberá enfrentar el rezago acumulado cuando asuma oficialmente el cargo.
Mientras tanto, el sistema técnico continuó trabajando. Durante 2025 el servicio realizó 119.412 análisis de solicitudes, lo que representa un aumento del 25% respecto al año anterior.
Los informes internos también muestran que muchas de las personas que esperan una resolución llevan años viviendo en Chile.
Un análisis realizado por el Departamento de Estudios del Servicio Nacional de Migraciones revisó 61.543 solicitudes que ya habían sido acogidas a trámite. En esos casos, las personas cuyos expedientes ya habían sido enviados al Ministerio del Interior registran un promedio de 9,6 años de residencia en el país.
En el caso de quienes aún permanecen dentro del Servicio Nacional de Migraciones, el promedio alcanza 8,7 años viviendo en Chile.
Las nacionalidades con mayor número de solicitudes pendientes corresponden principalmente a ciudadanos venezolanos, seguidos por colombianos, peruanos, cubanos, ecuatorianos, haitianos y bolivianos.
Entre los expedientes enviados al Ministerio del Interior destacan 12.458 venezolanos, mientras que dentro de las solicitudes que aún permanecen en el Servicio Nacional de Migraciones se registran 25.899 venezolanos esperando una respuesta.
El informe también revela que algunos grupos llevan largos periodos residiendo en el país. Por ejemplo, los ciudadanos peruanos que esperan nacionalización registran en promedio 17 años viviendo en Chile, mientras que los ecuatorianos alcanzan 15 años y los colombianos más de 11 años.
Dentro del total de expedientes pendientes, el servicio identificó 5.262 solicitudes catalogadas como prioritarias, correspondientes a personas que llevan entre 10 y 14 años o más viviendo en el país.
El retraso acumulado plantea ahora un desafío para la nueva administración del presidente José Antonio Kast, que deberá decidir cómo enfrentar miles de decretos ya revisados técnicamente y pendientes solo de firma de autoridad.
Para muchos migrantes, la nacionalización representa el cierre de un proceso iniciado años atrás al establecerse en Chile. La ciudadanía implica acceso pleno a derechos políticos y una integración definitiva al Estado chileno.
El escenario abre interrogantes sobre cómo el nuevo gobierno abordará el rezago administrativo y qué criterios aplicará para resolver los miles de expedientes que siguen a la espera de una decisión final.
