Denuncian ante Contraloría a futura subsecretaria de Kast por triple contrato con el Estado y deuda por licencias médicas
Una nueva controversia golpea al equipo del presidente electo José Antonio Kast, luego de que la abogada Romina Garrido, anunciada como futura subsecretaria de Telecomunicaciones, fuera denunciada ante la Contraloría General de la República por eventuales irregularidades administrativas.
Según reveló el medio CIPER Chile, la presentación fue ingresada el 24 de febrero y apunta a esclarecer si Garrido mantuvo tres contratos simultáneos con organismos del Estado, lo que podría haber implicado jornadas laborales que superarían las 17 horas diarias.
La denuncia señala que la abogada habría prestado asesorías al mismo tiempo a la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Transportes y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, lo que motivó la solicitud de un pronunciamiento del organismo contralor para determinar si existió superposición de funciones.
Deuda por licencias médicas
A esto se suma otro cuestionamiento: la existencia de una deuda fiscal por licencias médicas no reintegradas, que habría alcanzado los $871.458 con la Subsecretaría de Transportes desde 2022.
De acuerdo con los antecedentes de la denuncia, esa deuda habría sido saldada recién en febrero de 2026, pocos días antes de que Kast anunciara públicamente su nombramiento como futura subsecretaria de Telecomunicaciones.
Posible conflicto de interés
El documento presentado ante Contraloría también solicita revisar si pudo existir conflicto de interés en la participación de Garrido en la tramitación de la Ley de Protección de Datos Personales, considerando que la profesional mantenía una sociedad comercial relacionada con materias abordadas en ese proyecto legislativo.
Asimismo, el reportaje menciona la existencia de un informe que habría circulado en el entorno del presidente electo, donde se sugería reubicar a Garrido en un cargo técnico de menor exposición política debido a eventuales incompatibilidades estratégicas y éticas.
Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) señalaron al medio que dicho documento “no tiene nada que ver” con la oficina, aunque no aclararon si el informe fue o no recibido por el equipo de Kast.
La denuncia ahora deberá ser analizada por la Contraloría, que determinará si existieron eventuales faltas administrativas en los contratos y en la situación financiera de la futura autoridad.
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