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EE.UU. castiga a funcionarios chilenos: les quita las visas y los acusa de amenazar la seguridad regional

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de visas a tres funcionarios del Gobierno de Chile, a quienes acusa de haber participado en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.

La medida fue comunicada mediante una declaración oficial publicada en el sitio web del organismo, donde se señala que los sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades” que, a juicio de Washington, socavaron la estabilidad en el hemisferio.

La decisión implica la cancelación de todas las visas vigentes y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense tanto para los funcionarios involucrados como para sus familiares directos.

Desde la administración estadounidense indicaron que la medida busca “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, en el marco de la política impulsada por el presidente Donald Trump para resguardar los intereses estratégicos y económicos de su país en América Latina.

El Departamento de Estado también aseguró que continuará promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos que, según su evaluación, hayan participado en acciones destinadas a desestabilizar la región.

En el mismo documento, Washington incluyó una referencia política al escenario nacional chileno, señalando que el “legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado” por este tipo de hechos y manifestando su disposición a colaborar en materias de seguridad regional con la futura administración del presidente electo, José Antonio Kast.

Las sanciones fueron adoptadas en virtud de las disposiciones contempladas en las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado públicamente la identidad de los funcionarios chilenos afectados por la medida, mientras se espera una eventual reacción oficial desde La Moneda o la Cancillería.

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