Millonarios contratos bajo la lupa: informes de Contraloría golpean a exautoridades por gestión del megaincendio en Valparaíso
Cinco informes de la Contraloría General de la República encendieron una nueva polémica política tras revelar graves irregularidades en la contratación de maquinaria pesada durante el megaincendio que afectó a Valparaíso el 2 y 3 de febrero de 2024.
En el centro de los cuestionamientos aparecen la diputada electa del Partido Comunista, Sofía González, quien se desempeñaba como delegada presidencial regional durante la emergencia, y el actual delegado presidencial Yanino Riquelme, entonces seremi de Obras Públicas.
Contratos por más de $6.700 millones
Según el ente contralor, González suscribió seis contratos vía trato directo con la empresa San Nicolás SpA para el arriendo de maquinaria destinada al retiro de escombros. El monto total alcanzó los $6.725 millones, bajo la justificación de la urgencia derivada de la catástrofe.
Sin embargo, la investigación detectó múltiples irregularidades: no hubo evaluación técnica de la empresa, no se exigieron boletas de garantía y la firma no contaba con maquinaria propia ni trabajadores.
La compañía, integrada por solo tres personas —entre ellas un joven de 20 años como representante legal— fue constituida en 2021 y habría cambiado de control en 2023, cuando su principal accionista tenía apenas 18 años.
Subcontrataciones y sobreprecios
Uno de los puntos más críticos del informe es que San Nicolás SpA subcontrató a otras empresas para ejecutar los trabajos, por montos inferiores a los que recibió del Estado. Esta práctica no está permitida en contratos de trato directo bajo emergencia.
Las diferencias de pago, según los antecedentes conocidos, alcanzaron hasta un 557,89% por turno, lo que podría traducirse en un sobreprecio superior a los $4 mil millones.
Además, la empresa acumula más de 30 contratos con organismos públicos desde 2023, incluyendo uno previo con la Delegación Presidencial del Bío Bío.
Reacciones y posibles acciones judiciales
El gobernador regional Rodrigo Mundaca fue categórico: “Es completamente improcedente, es reprochable y requiere sanción. La explicación no puede ser ‘no nos dimos cuenta’”.
En tanto, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que se querellarán contra quienes resulten responsables, ya sean autoridades, empresas o particulares.
Por ahora, no se descarta que el Consejo de Defensa del Estado presente acciones judiciales, mientras expertos advierten que los antecedentes podrían configurar un eventual delito de fraude al fisco.
Desde el entorno de Sofía González han señalado que se instruyeron sumarios antes de su salida del cargo, aunque no se han entregado detalles sobre sus resultados.
A pocos días del cambio de gobierno, el caso vuelve a tensionar el debate sobre la reconstrucción tras el megaincendio y el uso de recursos públicos en contextos de emergencia.
