Batalla judicial por datos de niños trans: tribunal abre debate contra Contraloría
La Corte de Apelaciones de San Miguel declaró admisible un recurso de protección presentado contra la Contraloría General de la República (CGR) y su titular, Dorothy Pérez, tras la solicitud de entrega de datos sensibles de niños, niñas y adolescentes trans en el marco de una auditoría al Ministerio de Salud.
La acción fue interpuesta por una persona usuaria del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y del Programa Salud Trans del Minsal, quien sostiene que el requerimiento vulnera la Ley de Protección de Datos Personales y afecta su esfera íntima, al tratarse de información vinculada a salud e identidad de género.
El tribunal estimó que el recurso cumple con los requisitos formales para ser analizado en el fondo, aunque rechazó la orden de no innovar que buscaba suspender de inmediato los efectos del oficio emitido por la Contraloría.
En paralelo, la Corte notificó al organismo fiscalizador y le solicitó un informe para que fundamente por qué considera indispensable acceder a datos sensibles e individualizados para verificar el uso de recursos públicos en programas de salud.
El origen del conflicto
A mediados de enero, la Contraloría envió un oficio al Ministerio de Salud solicitando antecedentes detallados de menores atendidos en el PAIG, incluyendo RUT, nombre social y registral, identidad de género, fecha de nacimiento, hospital de atención y vigencia de prestaciones.
El Minsal rechazó inicialmente la entrega de la información, argumentando el carácter sensible y reservado de los datos. Sin embargo, la Contraloría reiteró su requerimiento y advirtió que podría aplicar sanciones, incluso la suspensión del cargo de la autoridad responsable, si no se cumplía con la entrega.
Intervención de la Defensoría de la Niñez
En este escenario, la Defensoría de la Niñez ofició tanto a la Contraloría como al Ministerio de Salud, advirtiendo que la identificación de menores beneficiarios del programa involucra datos personales y sensibles, vinculados a salud e identidad de género.
El organismo recomendó privilegiar información anonimizada y aplicar estándares reforzados de protección de datos, subrayando que incluso en el ejercicio de facultades fiscalizadoras se debe resguardar el interés superior del niño y evitar afectaciones a la vida privada.
Con la admisibilidad del recurso, se abre ahora un debate judicial sobre los límites de la fiscalización estatal y el tratamiento de datos sensibles de menores en programas públicos de salud.
