Estuvo 1 año preso por crimen que no cometió: Fisco deberá pagar millonaria indemnización
El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una millonaria indemnización a Bayron Kevin Flores Cabello y a su madre, tras establecer que el Ministerio Público actuó de forma injustificadamente errónea y arbitraria, provocando que el joven estuviera privado de libertad por más de un año pese a ser inocente.
Según el fallo, Flores fue detenido en abril de 2018 y permaneció un año y 22 días en prisión preventiva, tras ser formalizado por robo en lugar habitado y robo con intimidación, delitos en los que finalmente no tuvo participación. Posteriormente, estuvo casi cinco meses bajo arresto domiciliario parcial.
Uno de los puntos más cuestionados por el tribunal fue el actuar investigativo de la Fiscalía, en particular el uso de una fotografía desactualizada del Registro Civil, tomada seis años antes, cuando el imputado tenía 16 años, pese a que al momento de los hechos ya era adulto. Esta imagen fue utilizada en diligencias clave de reconocimiento.
En lo resolutivo, la justicia ordenó pagar a Bayron más de $5 millones por lucro cesante y $30 millones por daño moral, mientras que su madre recibirá $20 millones por daño moral, montos que deberán ser reajustados y pagados con intereses.
El abogado Ramón Rojas, de Picand & Ríos Abogados, quien lideró la demanda civil, señaló que este tipo de acciones son complejas debido al alto estándar para acreditar responsabilidad del Estado, pero destacó que en este caso se logró probar una negligencia grave del Ministerio Público.
No obstante, el jurista afirmó que impugnaron el monto del daño moral, al considerarlo insuficiente frente al tiempo que el joven estuvo recluido en Santiago 1.
En la misma línea, el exfiscal Rodrigo Ríos explicó que el tribunal reprochó el incumplimiento de estándares mínimos en los protocolos de reconocimiento de personas, señalando que el uso de una fotografía no representativa fue determinante para establecer la responsabilidad estatal.
El caso fue respaldado por el proyecto “Inocentes” de la Defensoría Penal Pública, desde donde advierten que más de 39 mil personas inocentes han estado privadas de libertad en la última década.
La sentencia fija así un precedente poco habitual en sede civil, al atribuir responsabilidad patrimonial al Estado por el actuar investigativo y por el impacto directo que tuvo en la vida del absuelto y su familia.
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