No es un amarre, es dignidad laboral: sindicatos de Ñuble desafían a la clase política por ley de reajuste
Dirigentes del sector público en Ñuble endurecieron su postura frente a la discusión de la ley de reajuste al sector público, que este jueves debe ser despachada desde el Congreso, acusando que el proyecto sigue siendo insuficiente y no resguarda derechos laborales clave para miles de funcionarios del Estado.
La presidenta de ANEF Ñuble, Cesiah Contreras, encabezó una convocatoria junto a dirigentes gremiales y con apoyo de la CUT, apuntando directamente a la clase política que aún duda en respaldar la iniciativa.
La dirigente explicó que ANEF decidió no firmar el protocolo de acuerdo por considerar que el reajuste no compensa adecuadamente la variación del IPC ni aborda con profundidad temas estructurales del empleo público.
“Este no es solo un debate por cifras. Hay aspectos laborales fundamentales que vale la pena defender, como la estabilidad de los funcionarios a contrata, que hoy viven en permanente incertidumbre cada diciembre”, sostuvo Contreras, agregando que la ley incorpora elementos relevantes que buscan avanzar hacia la confianza legítima, con notificación previa y procedimientos de control ante eventuales no renovaciones.
La dirigente recalcó que estas disposiciones no constituyen una “ley de amarre”, como ha sido calificada desde la oposición, sino que apuntan a fortalecer derechos laborales respaldados incluso por jurisprudencia existente. Además, subrayó la necesidad de incluir materias como el teletrabajo, clave para miles de trabajadores del sector público.
Desde el mundo docente, el presidente del Colegio de Profesores de Ñuble, Manuel Chávez, se sumó a las críticas, señalando que el cambio de administración no puede transformarse en una excusa para precarizar a quienes cumplen funciones permanentes en el Estado bajo contratos a contrata o a honorarios.
“Es una vergüenza que a esta altura la ley de reajuste no esté completamente tramitada. Esta semana los parlamentarios deben legislar con responsabilidad y asegurar que estas normas estén promulgadas antes del cambio de Gobierno”, afirmó Chávez, llamando a distinguir claramente entre cargos de confianza política y funcionarios que sostienen el funcionamiento diario de los servicios públicos.
En medio de la controversia, el Gobierno anunció ajustes al proyecto. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que el derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República en caso de no renovación o despido se limitará a funcionarios con al menos cinco años de antigüedad, y no dos, como establecía inicialmente la iniciativa. Con ello, el Ejecutivo busca despejar las críticas sobre un eventual “amarre” de personal ingresado durante la actual administración.
Pese a estos cambios, desde los gremios recalcan que el debate sigue abierto y que lo que está en juego no es solo un reajuste salarial, sino la dignidad laboral, la estabilidad y el reconocimiento del rol permanente de los trabajadores del Estado, en un contexto político marcado por el inminente cambio de gobierno.
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