164 personas inhabilitadas para trabajar con menores lo hacían en el servicio público, según Contraloría
La Contraloría General de la República reveló que 72 entidades públicas del país mantuvieron contratadas a personas con inhabilitación absoluta o perpetua para trabajar con menores, pese a que estas desempeñaban funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.
Según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°19, entre los años 2020 y agosto de 2025 se identificaron 164 casos de personas legalmente inhabilitadas que fueron contratadas por organismos del Estado. La mayoría de estos cargos se concentraron en el ámbito educacional, incluyendo docentes, asistentes de la educación y auxiliares de aseo.
El informe detalla además que solo durante 2025 se detectaron 35 personas que, pese a estar impedidas por ley, continuaban ejerciendo funciones públicas vinculadas directamente con menores de edad.
Estos casos se distribuyeron en una amplia variedad de instituciones, entre ellas municipalidades, servicios locales de educación pública, corporaciones municipales y hospitales, a lo largo del país.
Instrucción de la Contraloría por contrataciones irregulares
Frente a estos antecedentes, la Contraloría recordó que el Decreto Ley N°645 de 1925, en su artículo 6 bis, obliga a todas las instituciones públicas a verificar previamente si un postulante se encuentra afecto a inhabilidades establecidas en el Código Penal antes de concretar cualquier contratación o designación.
En ese contexto, el organismo fiscalizador instruyó el término inmediato de los contratos irregulares, el inicio de los sumarios administrativos correspondientes y la aplicación de las responsabilidades establecidas en la Ley N°18.575, lo que podría incluir eventuales restituciones de remuneraciones.
Asimismo, la Contraloría precisó que todas las acciones adoptadas deberán ser informadas al ente contralor en un plazo máximo de cinco días hábiles, a través del sistema de inspección dispuesto para estos efectos.
