Operación Apocalipsis: Consejo de Defensa del Estado se querella contra gendarmes por red de corrupción carcelaria
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago contra los gendarmes involucrados en la red de corrupción carcelaria desarticulada tras la Operación Apocalipsis.
La acción judicial, presentada el jueves 18 de diciembre, apunta a 42 funcionarios de Gendarmería y 35 civiles, a quienes se les imputan delitos de cohecho y soborno, además de otros ilícitos como asociación criminal, lavado de activos y falsificación documental.
Según lo expuesto por el CDE, los hechos de corrupción y crimen organizado se habrían cometido al interior de recintos penitenciarios de la capital, específicamente en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, en la comuna de Santiago.
Otro elemento relevante es que el número de involucrados ha variado con el avance de la investigación desde la ejecución de la Operación Apocalipsis, realizada durante la madrugada del martes, debido a nuevas diligencias y antecedentes recopilados por el Ministerio Público.
En ese contexto, este viernes se inició la audiencia de formalización ante el 12° Juzgado de Garantía, instancia en la que 47 gendarmes y 23 civiles, es decir, 70 imputados en total, fueron puestos a disposición de la justicia.
De acuerdo con la querella del CDE, en los penales capitalinos “se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería de Chile”, quienes, en razón de sus cargos y destinaciones, habrían solicitado, aceptado y recibido prestaciones económicas.
El escrito detalla que los pagos se realizaban mediante dinero en efectivo, transferencias bancarias y otros beneficios, lo que permitió el ingreso de personas no autorizadas como visitas y la introducción y circulación de especies ilícitas, tales como teléfonos celulares y drogas, dentro de los recintos penitenciarios.
Asimismo, se establece que estas acciones se llevaron a cabo mediante coordinaciones entre funcionarios públicos, internos privados de libertad y personas en libertad, ya sea ingresando directamente los elementos prohibidos o omitiendo los controles reglamentarios establecidos por Gendarmería.
